Hace seis semanas el Gobierno extremeño anunciaba sus medidas para incrementar los ingresos y ahorrar en gastos para cumplir el con objetivo exigido por el Ministerio de Hacienda de acabar el año con un déficit del 1,5% del PIB. Más de un mes después, las medidas son las mismas, pero sus repercusiones han cambiado. Si entonces el peso de los recortes recaía sobre los empleados públicos, tras las conversaciones de la Junta con IU esa rebaja será menor a cambio de subir el impuesto de consumo de carburante (el llamado céntimo sanitario) y de gravar el uso que las eléctricas hacen de las cuencas hidrológicas para generar energía. Y es que, si salen adelante los proyectos de ley que ayer empezaron su tramitación en la Asamblea tras ser aprobados por el Consejo de Gobierno, las bajas laborales de los empleados públicos no se van a tocar y la rebaja del complemento salarial por la carrera profesional para 11.000 funcionarios de la Administración General pasará del 50% al 30%. A este respecto, IU insistió ayer que no va a apoyar ningún recorte, aunque se haya reducido ese planteamiento; mientras que desde el PSOE auguran un "segundo acto" de la escenificación ocurrida en diciembre con los presupuestos y finalmente salgan adelante las medidas, aunque ellos rechazarán todos los recortes.
El impuesto sobre hidrocarburos y el relativo a que las eléctricas paguen por el uso de las cuencas hidroeléctricas propuestos por IU y aceptados por la Junta han permitido rebajar del 50% al 30% el recorte previsto en los complementos de la carrera profesional para algo más de 11.000 empleados públicos de la Administración General (la medida no afecta a los trabajadores del SES). Eso ha hecho que el impacto en el ahorro por esta medida sea de 19 millones de euros, ya que el Ejecutivo cifra en 15 millones más de ingresos anuales por el impuesto sobre hidrocarburos y de casi 5 millones los que se lograrán con el aplicado a las compañías eléctricas. La propuesta consiste en aplicar el tramo máximo del llamado céntimo sanitario, que pasaría, de aprobarse, del pago de 2,4 céntimos por libro de carburante a 4,8 céntimos. Esta medida supondría una recaudación de 7,5 millones este año y de 15 millones en los próximos ejercicios hasta el 2015, pero no se aplicará a los transportistas ni a los taxistas; y se puede entender "como un impuesto verde, que penalice el consumo de hidrocarburos".
INGRESOS Y GASTOS En total, según los datos aportados ayer por el consejero de Economía, Antonio Fernández, la incidencia económica de los dos proyectos de ley contemplan un aumento de los ingresos de 22 millones este año y de entre 60 y 62 millones anuales en los próximos ejercicios; mientras que en el capítulo de gastos destaca esos 19 millones de ahorro en el pago de esa carrera profesional. Esa previsión de ahorro es menor, dijo sin cifrarla, en el caso de la rebaja del 5% de sueldos para altos cargos y directivos, otro de los recortes.
El impuesto sobre hidrocarburos que plantea IU prevé que se cobre el tope que prevé la normativa, es decir, 48 euros por cada mil litros; mientras que el relativo a las eléctricas contempla incrementar las tarifas y las cuotas de transporte, según indicó Fernández; que minimiza el efecto de otro nuevo impuesto, el canon de saneamiento de agua, que supondrá para los hogares no más de 30 euros al año para aquellos que consuman en torno a 5 metros cúbicos.
Además, en el proyecto de ley de gastos "se ha suprimido cualquier medida relativa a las incapacidades temporales" de los empleados públicos, fruto de la negociación con los agentes sociales, incide el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla.
Una vez aprobado estos dos proyectos de ley para la ejecución del plan de reequilibrio financiero elaborado por la Junta, ayer mismo se abrió la negociación en el Parlamento vía presentación de enmiendas. De hecho, hoy se ha fijado una reunión de la Junta de Portavoces para tratar el orden del día de un pleno extraordinario que tendrá lugar a inicios de la próxima semana, posiblemente el martes, para debatir las enmiendas y poder aprobar definitivamente el plan este mismo mes. "Si no se apoyan los recortes, los que tienen que agudizar el ingenio son el PSOE e IU para presentar alternativas porque el Gobierno está dispuesto a negociar", comentó ayer la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente. A este respecto, dijo estar convencida de que al final habrá acuerdo de todos los grupos, y que eso sería una "lección de fortaleza" ante España y Europa.
Sin embargo, "el PSOE no acompañará al señor Monago a enterrar definitivamente el estado de bienestar en Extremadura", manifestó ayer el portavoz parlamentario socialista, Valentín García. Lo que no tiene tan claro es qué hará IU. "Parece que se adelanta la inauguración del Festival de Teatro Clásico de Mérida; en dos actos, uno a finales de diciembre y probablemente el segundo acto sea en el mes de junio", ironizó para augurar que ese entendimiento existente entre la Junta y "los tres diputados de Izquierda Unida" en materia de ingresos suponga lo mismo que pasó en diciembre al votar los presupuestos.
Para los socialista, con la propuesta de IU sobre el impuesto de hidrocarburos, que avala el PP, "se va a gravar la subida de impuestos a las clases medidas con la subida del céntimo sanitario, del cual echaba pestes el señor Monago", y también "van a pegar una subida al agua que puede rondar entre el 40 y el 60 por ciento". Y todo esto es "solo contiene una séptima parte de los recortes que va a hacer el Gobierno", ya que la mayoría de medidas no van al Parlamento.
En contra de las dudas que manifiesta García, el portavoz de IU, Pedro Escobar, ratificó el "rechazo frontal" de su grupo a los recortes, porque "la postura de IU no ha cambiado ni un ápice".
