Desde el 1 de enero del 2002 todos los clientes de electricidad y gas de España tienen derecho a elegir la compañía suministradora. El Gobierno marca unas tarifas generales, pero el consumidor puede no acogerse a ellas y buscar en el mercado libre precios más bajos. De esto se han beneficiado los grandes consumidores --industriales, sobre todo--, pero los hogares apenas se pueden ahorrar dinero ya que la tarifa es de por sí muy baja.
Al cierre del 2004, el 96% de los 532.000 clientes de electricidad que había en la región seguían con el suministro a tarifa, prueba de que la liberalización del mercado energético --al menos para los clientes de menor consumo-- ha resultado ser un fiasco al no provocar una competencia de precios entre las compañías. Las eléctricas aseguran que la tarifa actúa como refugio para el consumidor, ya que el mercado libre no les ofrece nada mejor.
