¿Qué piden los jueces? Fundamentalmente una mejora de sus condiciones laborales: más medios, mayor salario, más personal, medidas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y sustitutos para las vacaciones. ¿Y qué opinan de esto sus órganos de gobierno? "Todos los presidentes de los tribunales superiores de justicia y del Consejo del Poder Judicial creemos que la mayor parte de esas reivindicaciones son asumibles y correctas", manifestó ayer el máximo responsable del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), Julio Márquez de Prado. De hecho, en su comparecencia presentó el nuevo Plan de Modernización de la Justicia, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 12 de noviembre, nueve días antes de que los jueces votaran a favor de convocar una huelga.

Este programa se compone de dos partes: una con medidas integrales que deben aplicarse antes del 2012; y otro paquete, derivado del anterior, con iniciativas inmediatas para mejorar la justicia, que deben entrar en vigor en los próximos cinco meses --antes de junio del 2009--.

Dentro del primer grupo se contemplan acciones como la implantación de la oficina judicial --un ente organizativo que tendrá cada juzgado y con el que se pretende agilizar la tramitación de los procesos--, la reestructuración de la demarcación judicial --evaluando la carga de trabajo de cada juez, revisando el número de organismos judiciales y las plazas necesarias en un plazo de cinco años y la disponibilidad de jueces volantes que garanticen las sustituciones-- y la ampliación del proceso de informatización --mejorando los procesos para compartir información, incrementando la trasparencia y accesibilidad para el ciudadano, y ampliando los medios técnicos para grabar, proyectar o reproducir pruebas, testimonios e intervenciones durante las vistas--.

También se contemplan incentivos para mejorar la eficiencia y eficacia de jueces, secretarios y funcionarios, racionalizar las bolsas de interinos y su formación, dar cobertura inmediata a las plazas vacantes o impulsar las últimas reformas orgánicas y procesales, como los juicios rápidos civiles, la mediación o la creación de órganos para conflictos menores. Y se pretende impulsar el estatuto de los miembros de la carrera judicial, así como una desconcentración de competencias y funciones del CGPJ a favor del tribunales superiores de justicia.

Actuaciones inmediatas El segundo pilar de este plan lo componen una serie de medidas de actuación inmediata. Entre ellas destaca la coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y autonómicas, incluidos los de aquellas comunidades que tienen asumida la competencia en materia de justicia. En esta misma línea destaca el compromiso de mejorar los sistemas informáticos. También es prioritario agilizar la cobertura de plazas vacantes.

Márquez de Prado subrayó asimismo la importancia de una serie de medidas encaminadas a lograr una efectiva conciliación de la vida laboral y familiar. Así, por ejemplo, se facilitará el acceso a actividades formativas a miembros de la carrera judicial con cargas familiares y se adaptará el estatuto a las mejoras de la función pública.