La disponibilidad de los terrenos, una de las principales cuestiones a resolver antes de poner en marcha el nuevo proyecto de Alfonso Gallardo, puede verse favorecida por la Ley de Impulso a la Localización Industrial de Extremadura, normativa aprobada hace justo un año. De hecho, sería la primera vez que se utilizasen las posibilidades que ofrece.
Así, la norma se enfoca, además de a polígonos industriales municipales y empresas públicas, a aquellas industrias que se consideren ´de interés prioritario para Extremadura´ y que cuenten con más de 250 trabajadores o facturen anualmente más de 40 millones de euros, condiciones ambas que cumple el grupo del empresario jerezano.
La ley recoge que si el promotor industrial logra hacerse con tres quintas partes del terreno que necesita y ha presentado "una oferta razonable" a los propietarios del suelo que resta, se procederá a declarar el proyecto ´de utilidad pública´ y se procederá a la ocupación urgente de los terrenos demandados, mediante una expropiación forzosa.
De igual modo, serán impuestas las servidumbres de paso necesarias para los accesos y las tomas de energía.
