El carnet por puntos ha nacido con varios problemas burocráticos que podrían reducir su efectividad. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha mostrado su preocupación porque la actual normativa complica y alarga el proceso sancionador. Ya han pasado más de tres meses desde que se implantó el carnet por puntos y, desde entonces, solo a cinco conductores de los más de 100.000 sancionados en toda España se les ha retirado alguno de sus créditos, mientras que al resto aún no se les ha podido notificar, porque el proceso administrativo sigue abierto. El actual reglamento es tan garantista con el infractor que el vaivén de documentos entre el conductor y la administración puede durar meses hasta que finaliza el proceso.
Los infractores lo sabes y se aprovechan de la complejidad del sistema. Hasta ahora, agotaban todos los recursos con la idea de colapsar la administración. Con los puntos, intentan demorar al máximo su pérdida. Entre los cerca de 20.000 expedientes sancionadores abiertos, unos cuantos corresponden a los 300 conductores que ya han perdido más de 12 puntos, pero solo se quedarán sin carnet cuando finalice el expediente.
En Francia ocurrió lo mismo, pero consiguieron rectificar a tiempo y se aprobó una nueva ley, la de violencia vial, que redujo drásticamente el tiempo de espera entre la imposición de la sanción y la pérdida real de los puntos.
A ello hay que sumar que de los 8.110 municipios que existen en España, más de 1.200 todavía no han suscrito con la Dirección General de Tráfico los convenios que les permiten conectarse al Registro General de Infractores y a las Bases de Datos de Vehículos y Conductores del organismo dirigido por Pere Navarro.
