El cumplimiento del denominado protocolo de Kioto, por el cual los países desarrollados se han comprometido a reducir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, puede suponer una amenaza para los planes de expansión del principal grupo industrial extremeño, el de Alfonso Gallardo. Directivos del mismo han confirmado a EL PERIODICO EXTREMADURA que Kioto los coloca en una situación "crítica" y compromete la ampliación de la siderúrgica y de la refinería de petróleo, unas inversiones que en conjunto rondan los 1.500 millones de euros.
El protocolo de Kioto se va a aplicar en España a raíz de que el Consejo de Ministros aprobara, hace dos semanas, el Plan Nacional de Asignaciones (PNA). Este plan consiste en dar a cada sector industrial que emite gases contaminantes un cupo por el que cada industria debe pagar, haciéndose así con lo que se llama ´derechos de emisión´. Según manifestó a este periódico Raúl Díez, responsable del departamento de Medio Ambiente de la corporación Gallardo, este grupo calcula que tendrá que pagar anualmente diez euros por cada tonelada producida, en concepto de derechos de emisión, lo cual significaría pagar cerca de 12 millones de euros, habida cuenta de que produce, en la siderúrgica y en la cementera, alrededor de 1,1 millones de toneladas.
PERSPECTIVAS Díez añadió que si hubiera que abrir ahora una empresa como la cementera, que genera unas emisiones de dióxido de carbono de 700.000 toneladas al año, "la perspectiva no sería viable, porque no podría competir". Esta empresa sólo tendría que pagar alrededor de siete millones de euros al año para cumplir con Kioto.
El directivo de Gallardo vino a decir que, con el actual planteamiento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, "no sería extraño que muchas industrias españolas" se planteasen marcharse a Marruecos, donde no se aplica Kioto. Según explicó, sería mucho más rentable transportar hierros y cemento por barco que pagar esos 10 euros por tonelada.
En el grupo Gallardo existe, además, un problema añadido. Y es que, a la hora de distribuir los cupos, se van a tomar como referencia las emisiones del periodo 2000-2002, "cuando la siderúrgica producía poco y la cementera ni siquiera había comenzado a funcionar", apuntó Raúl Díez. Ello significa que este grupo de empresas dispondrá de menos derechos de los que le corresponderían por su producción.
En este momento, el grupo prepara la petición de derechos de emisión, que debe presentar en el Ministerio de Medio Ambiente. "Desde el Gobierno se nos dice que no pasará nada", indicó Díez, aunque admite que hay incertidumbre.
El responsable medioambiental del grupo extremeño manifestó su temor a que la asignación se quede corta, y genere un problema de competitividad. "Las opciones serían invertir en equipos menos contaminantes, y aquí la limitación es que tanto la siderúrgica como la cementera están ya en niveles de eficiencia
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