Todas las regiones se han sumado, de una u otra forma, a la reclamación de deudas históricas con sus territorios para compensar déficits en inversiones. La primera en reclamarlo fue Andalucía, y así lo hizo constar en su Estatuto de Autonomía en 1981. Sólo una vez se ha pagado, en la época del anterior Gobierno, cuando se dieron 120 millones, mientras que el Ejecutivo andaluz reclama 1.143.
Dos años después se sumaría Extremadura, también introduciéndolo en su Estatuto de Autonomía aprobado en 1983. La referencia se recoge en la disposición adicional segunda, que no habla de deuda, sino de que el Estado debe consignar en su presupuesto una cantidad para ir compensando a la región hasta que pueda prestar "un nivel mínimo de servicios".
Posteriormente los presupuestos regionales siempre han recogido una alusión a que se incluirá en gastos lo que el Estado dé con cargo a esta partida. Lo cierto es que sólo en una ocasión ocurrió esto: en el último año de gobierno de Felipe González vinieron 60 millones por este concepto. A diferencia de lo que ocurre en Andalucía, esta deuda histórica con Extremadura no está cuantificada. Su volumen será el suficiente para nivelar los servicios con el resto del país. Cuando esto ocurra, será el momento de dejar de pedirla.
Posteriormente todas las regiones pidieron compensación, bien sea de forma genérica como las anteriores o para actuaciones concretas. La última ha sido Cataluña, donde el acuerdo Zapatero-Mas contempla 3.000 millones de euros adicionales en inversiones en aquella comunidad durante 7 años para compensar un supuesto déficit por haber invertido por debajo del peso del PIB catalán en España.
