El pleno para el nuevo alcalde de Alburquerque, el 9 de febrero

La corporación municipal de Alburquerque se reunirá en un pleno extraordinario para la elección del nuevo alcalde el próximo jueves, 9 de febrero, tras la renuncia al cargo de Manuel Gutiérrez, de Independientes por Alburquerque (IPAL).

La imposición de una multa de 1.000 euros cada 20 días impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por un contencioso urbanístico que una vecina de la localidad inició en 2005 contra el ayuntamiento regido en aquel momento por Ángel Vadillo, ha motivado la dimisión de Gutiérrez.

Entonces tomó las riendas de la alcaldía en funciones el socialista Juan Carlos Prieto, quien desde mayo de 2022 ostentaba el cargo de primer teniente de alcalde en el Gobierno de coalición IPAL-PSOE.

Prieto ha manifestado que existen muy pocas posibilidades de que se postule como candidato a la alcaldía al reconocer que se encuentra "desmotivado" tras algunas críticas recibidas.

"Me han quitado las ganas algunas críticas vertidas en las redes sociales en estos últimos días, cuando señalaban que todo esto es una maniobra orquestada para quitarle la alcaldía a Gutiérrez", ha dicho.

A esto se suma el temor de que cualquiera que sea elegido alcalde puede ver comprometido su patrimonio personal, "por lo que no descartamos nada, ni siquiera irnos a casa”, ha manifestado en referencia a la cascada de sentencias desfavorables "que apuntan a la alcaldía".

Estas sentencias, que fueron anunciadas por Gutiérrez en su despedida como alcalde, están por llegar y proceden de litigios heredados de anteriores corporaciones.

Comisión gestora

En el caso de que nadie se postule como candidato, una comisión gestora tutelada por la Diputación de Badajoz se tendrá que hacer cargo de la gestión del ayuntamiento hasta las elecciones locales del 28 de mayo.

Con una población de 5.150 habitantes y una deuda estimada en torno a los 11,6 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Alburquerque se sitúa entre los más endeudados de España.

Ante esta situación, el ayuntamiento contempla acogerse a un plan económico-financiero o plan de ajuste que cuente con la intervención del Estado.