La investigación del juzgado por la presunta filtración en la oposición a la Policía Local se extiende a cinco personas. Fue la fiscalía la que abrió diligencias tras recibir la documentación que denunciaba irregularidades en el examen y tras observar indicios de delitos lo ha remitido al Juzgado de Primera Instancia número 4, que ahora instruye la causa.
De esta forma, entre los encausados se encuentran el profesor de la academia de oposiciones que también es agente y miembros del tribunal, del que forma parte el inspector jefe y el responsable de sanciones. Todos están siendo investigados por un presunto delito relacionado con revelación de secretos con el agravante que supone estar vinculado a la función pública.
La oposición en la que los tribunales estudian presuntas irregularidades se corresponde con la prueba mediante sistema de oposición libre de ocho plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario del año 2021. En el boletín oficial de la provincia (BOP) de septiembre de ese año se hizo público el listado de los miembros del tribunal, formado por un presidente y tres vocales. En este sentido, el presidente es Rafael Gómez, funcionario de la administración pública, y los vocales son el inspector jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, la administrativa Mar Barrios y un técnico designado por la Junta, Juan pedro Blanco Hurtado. También se encuentra la secretaria que no tiene voto.
Las pruebas se realizaron ese mes de septiembre y las plazas se adjudicaron. De hecho, los agente empezaron a ejercer. No obstante, si se confirma la filtración podría anularse el proceso de selección.
Fue el sindicato CSIF el que puso en conocimiento de la fiscalía los presuntos hechos después de que un día antes de l examen recibiera un escrito en el que se sugería estudiar un tema porque se iba a preguntar en el examen. En todo momento, era una recomendación, ya que no contenía la pregunta en concreto, pero finalmente entró en la prueba.
Inhabilitación de uno a tres años
Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos relacionado con la función pública y contemplado en el artículo 417 del Código Penal. Recoge que "se castiga a la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".
