Condenado a cinco años de prisión el procurador de Cáceres juzgado por defraudar 1,5 millones

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a cinco años de prisión al procurador juzgado por quedarse 1,5 millones de euros de sus clientes. En la sentencia, que fue notificada ayer martes a las partes y a la que ha tenido acceso este diario, la Sala le considera culpable de delitos de apropiación indebida y deslealtad profesional aunque para la pena aplica un atenuante por haber confesado.

De esta forma, aparte de la pena de cárcel, el condenado deberá indemnizar a una veintena de afectados, entre ellos sucursales bancarias y particulares, con las cantidades que considera la Sala que les ha defraudado. En este último supuesto responde de forma directa y solidaria la compañía que tiene contratada el Colegio de Procuradores de Cáceres.

Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por delitos de apropiación indebida y deslealtad. Su defensa pedía rebajar la condena a menos de dos años -para evitar que fuera a la cárcel- primero, porque ya había confesado y segundo, por reparación del daño, ya que había devuelto parte del dinero.

La sentencia recoge que "en el ejercicio de su profesión como procurador, fue contratado por múltiples personas y entidades de diversa naturaleza para que les representara procesalmente y entre sus funciones, se encargaba de la recepción de mandamientos de pagos de cantidades que, por diferentes conceptos, les eran entregadas en los juzgados".

"Así, las cosas, en los últimos años el acusado, actuando con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, comenzó a quedarse para sí mismo diferentes cantidades de dinero que el juzgado le entregaba, a fin de que fueran remitidas a sus representados. Este modo de actuar mantuvo desde el año 2012, incrementándose de forma superlativa en los siguientes años, hasta que el descubrimiento, en el 2019, de su forma de actuar por parte de particulares y entidades, determinaron la presentación de una varias querellas", expone la resolución. La primera querella fue presentada en febrero de 2020, un mes antes de que se produjera el inicio del estado de alarma por el coronavirus.

La Sala expone que a día de hoy "se desconoce el destino exacto del montante cercano a 1,5 millones de euros apropiado, salvo la genérica declaración del propio acusado expresando que lo habría destinado a gastos personales.".

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