Los cinco contratos por los que Alberto Casero irá a juicio

Alberto Casero se sienta este martes en el banquillo de los acusados imputado por delitos de prevaricación y malversación en su etapa como alcalde de Trujillo entre 2017 y 2018. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Cáceres después de que el Tribunal Supremo devolviera la causa al juzgado de Trujillo tras la renuncia del político como diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 

Como es habitual, primero tendrá lugar una vista previa entre las partes, acusación y defensa, para negociar un posible acuerdo y evitar el juicio. Si finalmente, no se alcanza una conformidad, se celebrará la vista en la que está previsto que declare el propio Casero y afectados.

La fiscalía de Cáceres pide ocho años de cárcel para Alberto Casero por prevaricación y malversación

La causa abierta a Alberto Casero por prevaricación celebra este martes audiencia previa

La fiscalía, por su parte, tal y como suscribió en su escrito de calificación y publicó este rotativo, pide ocho años de cárcel y veinte años de inhabilitación para el político. También le reclama 70.000 euros en indemnizaciones. La investigación se centra en dos años de su etapa como alcalde de Trujillo, entre 2017 y 2018, fechas en las que presuntamente suscribió hasta cinco contratos con empresas y entidades sin seguir la legislación vigente. 

Marzo de 2017: contratación de un psicólogo municipal

El escrito de la fiscalía recoge que la primera presunta irregularidad fue cometida en 2017 con la contratación de un psicólogo para atender a víctimas de violencia de género. El escrito expone que el profesional se dio de baja aunque cobró facturas por importe de 6.100 euros y en agosto, Casero suscribió un contrato menor con él por importe de 18.000 euros sobre el que «no informó al ayuntamiento ni instruyó expediente». 

Septiembre de 2017: acuerdo con la Cámara de Comercio de Perú

Con fecha del 6 de septiembre de 2017, la acusación pública manifiesta que Casero y el presidente de la Cámara de Comercio de Perú «firmaron un convenio por el que el ayuntamiento se comprometía a aportar 25.000 euros sin informar a los servicios jurídicos -era superior a 18.000 euros y requería licitación- y sin aprobarlo en el pleno. Al no abonar la cantidad, la Cámara de Comercio llevó el asunto a los tribunales. 

Enero de 2018: contratación de la Feria del Queso

El 9 de enero de 2018, Casero “contrató a la empresa Ícaro Consultores para organizar la feria internacional del queso por 14.303 euros”. “El acusado no informó ni aportó el contrato y el proceso resultó inadecuado porque se trataba de un servicio periódico y previsible que no podía seguir los trámites de contrato menor. La misma empresa Ícaro había organizado la feria del queso desde 2012 a 2017. 

Junio de 2018: patrocinio a los premios Pop-Eye

En 2017, el acusado «acordó verbalmente con la asociación cultural Bon Vivant que la gana de los premios Pop Eye se celebrara en Trujillo bajo la premisa de que aportaría 18.000 euros». Este contrato debía ajustarse a la ley de contratos públicos al tratarse de un patrocinio pero «no tramitó el expediente». En junio de 2018, firmó un segundo contrato de otros 18.000. El ayuntamiento no abonó ninguna de las facturas.

Diciembre de 2018: promoción de la Feria del Queso

El 20 de diciembre, el acusado «suscribió un acuerdo de servicios de comunicación y promoción de la feria del queso con Radio Interior S. L. por 18.119 euros. En este caso, tampoco cabía procedimiento de contrato menor porque era un servicio periódico. El ayuntamiento no abonó las facturas y el juzgado dio la razón a Radio Interior. 

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