El colectivo Fondenex eleva una denuncia a Bruselas contra el Gobierno de España

La Comisión Europea admite a trámite la denuncia contra la planta solar de Cedillo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó la DIA positiva en octubre de 2023

La instalación podría incumplir Directivas de Hábitats y la de Aves en una zona Unesco, por ser Reserva de la Biosfera

La UE, sólo hasta septiembre de 2023, recibió 5.500 denuncias contra el Estado español, pero admitió a trámite unas 80

Imagen de archivo de una planta fotovoltaica.

Imagen de archivo de una planta fotovoltaica. / EL PERIÓDICO

Lo anunció en diciembre y ahora la Comisión Europea (CE) ha aceptado a trámite su denuncia contra el Gobierno central. El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultura de Extremadura (Fondenex) elevó una denuncia ante la CE por la autorización otorgada a la construcción de una planta solar en el municipio de Cedillo, por ser «una zona protegida», después que el pasado 23 de octubre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico formulase Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva

La planta se ubicaría en plena ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) perteneciente a la Red Natura 2000, «incumpliendo la legislación de la Unión Europea (UE) y en una Reserva de la Biosfera de la Unesco», según especifica el presidente de Fondenex, Francisco Blanco, que formula la denuncia en su nombre. También se ubicaría en ZEC (Zona de Especial Conservación).

«No es fácil que Bruselas admita este tipo de denuncias, pero nosotros somos muy rigurosos en los procedimientos»

Francisco Blanco

— Presidente de Fondenex

Según los datos aportados por Fondenex, el área donde se quiere ubicar la planta es de campeo, alimentación y cría de especies «tan importantes como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra, el águila perdicera, el alimoche y el lince, así como zona de invernada de milanos reales; todas incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura». Además, la DIA «contiene graves incongruencias con la legislación comunitaria en materia de evaluación de impacto ambiental», y por eso el colectivo acude directamente a Bruselas.

Desde Fondenex subrayan que el Parlamento Europeo (PE) «sólo hasta septiembre de 2023, recibió 5.500 denuncias contra el Estado español», pero admitió a trámite unas 80. Una de ellas, la denuncia de Fondenex contra el hidroaeródromo civil de Alange. Ahora, se acepta esta contra la planta solar en Cedillo y tienen previsto, mientras se investiga y se tramita la denuncia por parte de la CE, poner en conocimiento de la Unesco este proyecto energético, «que puede afectar gravemente» una de sus Reservas de la Biosfera, en Parque Natural del río Tajo Internacional.

La planta solar híbrida, de 86,443 MWp/75,302 MWn, y su zona de actuación.

La planta solar híbrida, de 86,443 MWp/75,302 MWn, y su zona de actuación. / CEDIDA

Posibles consecuencias

De hecho, el colectivo afirma que, independientemente de las sanciones que pueda recibir España por parte de la CE, «no hay que olvidar que la Unesco puede retirar su declaración del área como Reserva de la Biosfera, lo que sería gravísimo».  «No es fácil que Bruselas admita este tipo de denuncias, pero nosotros somos muy rigurosos en los procedimientos», afirma Blanco.

Será la Dirección General de Medio Ambiente de la CE la que informe a las partes del procedimiento. De momento, «lo que hace Bruselas es solicitar toda la documentación al Ministerio» sobre la DIA en cuestión y el proyecto, para analizarla pormenorizadamente. «Al final del proceso lo que hacen es enviar una comisión de investigación sobre el terreno para concluir si se infringen la legislación europea en materia medioambiental».

«Conducta de prevaricación»

Según Fondenex, la propia DIA (publicada en el BOE) afirma que «el ámbito de actuación se ve afectado por los planes de recuperación y/o conservación» de las especies anteriormente mencionadas. Por lo que «la DIA tendría que haber sido negativa». Y alertan de que «quienes hayan firmado los informes técnicos favorables y el titular de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, podrían estar incurriendo, por este motivo, y también por otros, en una conducta de prevaricación, sancionada penalmente».