La Policía Nacional ha detenido a catorce personas acusadas de defraudar más de diez millones de euros a la Seguridad Social y que usaban como pantalla un despacho profesional de Barcelona que ejercía como representante autorizado del sistema Remisión Electrónica de Documentos (RED) de la Tesorería General. Según informó hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, los arrestados son empresarios y administradores que presuntamente creaban empresas ficticias para eludir el pago de cuotas por seguros sociales con la Seguridad Social.
Los detenidos son Juan B. L., de 69 años; Francisco F. P., de 56; Carlos G. A., de 39; José A. O., de 35; José María C. B., de 57; Juan T.B., de 60; José F. R., de 69; María J. R. H., de 49; Antonio Jesús V T, de 39, y Montserrat V.G., de 45 años. Los otros arrestados son Manuel S. B., de 49 años; Javier C.M., de 39; Jaime V. M., de 57, y Luis Antonio F.M., de 39 años. Todos ellos residen en Barcelona y en Girona, salvo el último, Luis Antonio F.M., que reside en Huesca.
El citado despacho ejercía como representante autorizado del sistema RED, servicio que permite a empresas, agrupaciones de empresas y profesionales colegiados el intercambio de información y documentos a través de medios telemáticos, así como realizar trámites relativos a las cotizaciones de los trabajadores, afiliaciones y remisión de partes de alta y baja de incapacidad.
La investigación comenzó a raíz del control efectuado a las empresas Ulber Ibérica S.L., Promociones Royaume S.L. y Art-Diseño Promociones 2003 S.L, todas ellas deudoras con la Seguridad Social. Estas sociedades fueron constituidas en los años 2003 y 2004 por María J.R., cada una de ellas con un capital social de 3.006,00 euros, dividido en 3.006 participaciones, de las que 3.000 fueron desembolsadas por la sociedad Sociquick S.L. y 6 por María J.R. como administradora solidaria. Posteriormente cesó como administradora y fueron nombrados tres nuevos administradores, uno por cada empresa. Estos, a su vez, administraban otras sociedades también deudoras con la Seguridad Social, por impago de seguros sociales.
Igualmente se constató que, a efectos de tramitación de sus seguros sociales, tenían asignado como representante autorizado al sistema RED al gestor administrativo Juan B. L., con domicilio social en una vivienda deshabitada, que a su vez figuraba como domicilio social de varias de las empresas investigadas. Tras ello, los investigadores comprobaron que Juan B. L., gestor administrativo colegiado de Barcelona, estaba relacionado con un numeroso grupo de empresas que mantenían una importante deuda con la Seguridad Social y que estaban domiciliadas en el despacho profesional de Juan B.L., y administradas por personas del entorno de su bufete.
Los detenidos creaban una sucesión de empresas, con distintos domicilios sociales falsos o inexactos, que utilizaban para "trasvasar" constantemente a los trabajadores, con la finalidad de eludir la labor recaudatoria de la Seguridad Social. Por su parte, los empleados de estas empresas desarrollaban su labor siempre en el mismo lugar y percibían sus salarios de manos de la misma persona, sin tener conocimiento de los cambios constantes de empresa y de dirección.
