Cuatro directivos de la firma Scapa fueron retenidos por los trabajadores desde el martes por la noche hasta el mediodía del miércoles en el cuarto episodio similar en las últimas semanas en Francia. Los directivos, tres británicos y un francés, fueron liberados tras un secuestro en protesta por la cuantía de las indemnizaciones que esta empresa, que fabrica adhesivos industriales para automóviles, quiere pagar a los 68 trabajadores por el cierre de la planta de Bellegarde-sur-Valserine, cerca de Lyón.
Antes, fueron secuestrados el presidente de Sony Francia en las Landas, el máximo dirigente de 3M en Pithiviers (sur de París) y cuatro ejecutivos de Caterpillar en Grenoble.
La proliferación de estas acciones ha levantado una polémica en Francia después de que la excandidata presidencial del Partido Socialista (PS) Ségolène Royal afirmara el domingo que, aun siendo ilegales, permitían a los asalariados, "debilitados, pisoteados y despreciados", hacerse oír. Royal fue secundada por la primera secretaria del PS, Martine Aubry y por el exprimer ministro Dominique de Villepin. "En ningún caso las violencias que atentan a la libertad de circulación de las personas pueden ser justificadas, pero hay momentos en que la violencia social, la brutalidad, explican que se llegue a esto", dijo Aubry.
El presidente Nicolas Sarkozy salió el martes al paso de las opiniones. "Estamos en un Estado de derecho y no dejaré hacer cosas como esas", dijo. Sin embargo, en un sondeo del diario Le Parisien, un 45% de los franceses juzgan ese método aceptable, frente a un 50% que los repudian.
