Poco a poco se van conociendo detalles sobre la estrategia de reformas estructurales del Gobierno. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ya había expresado su deseo de lograr un acuerdo social de reforma en el mercado laboral en el primer trimestre del 2010. Ayer, anunció que en enero el Gobierno presentará una "propuesta de medidas laborales", dentro del "marco del diálogo social". También en enero, el Gobierno presentará una propuesta de reforma del sistema de pensiones, "para asegurar su sostenibilidad".

El anuncio está incluido en la Propuesta de Acuerdo sobre Economía y Empleo que el presidente formuló ayer a la comunidades autónomas, dentro de la IV Conferencia de Presidentes, que se celebró en el Senado.

En realidad, el principal objetivo del documento era coordinar las políticas de los gobiernos central y autonómicos en la lucha contra el desempleo, la reducción del déficit público y el impulso de la política industrial. Así, el texto incluía el objetivo de buscar un acuerdo "en el plazo máximo de tres meses" para favorecer la ocupación de los parados y garantizar ayudas a quienes hayan agotado sus prestaciones. Sin embargo, la falta de entendimiento con las comunidades gobernadas por el PP hizo imposible el acuerdo. Eso no impedirá, no obstante, que el Gobierno siga adelante con los objetivos marcados, tal como quiso dejar muy claro Rodríguez Zapatero al termino de la fallida reunión de presidentes.

LINEAS GENERALES En realidad, el documento del Gobierno no incluye grandes concreciones sobre sus medidas de reforma laboral. No hay mucho más que las líneas generales anunciadas días atrás por el presidente Zapatero, quien ha dejado muy claro que el abaratamiento del despido queda fuera de discusión. Las medidas laborales que quiere el Gobierno están orientadas a fomentar el uso de la reducción de jornada y revisar la política de bonificaciones a la contratación. También, a reforzar los servicios públicos de empleo, reducir la tasa de temporalidad y la "brecha salarial" entre mujeres y hombres.

Para favorecer el acceso de los jóvenes al empleo (un sector de la población donde la tasa de paro llega al 40%), el Gobierno "propondrá iniciativas que favorezcan la óptima utilización de los contratos formativos por las empresas y los trabajadores".

Pese a la falta de concreción, representantes sindicales y empresariales, que participaron en la Conferencia de Presidentes, valoraron la noticia de que el Gobierno presentará sus propuestas en enero. Así lo hizo el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Los líderes de UGT y de CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, además, valoraron las medidas encaminadas a reducir el paro juvenil y reactivar la industria.

De las comunidades autónomas, el Gobierno esperaba el compromiso de impulsar convenios entre los centros de formación profesional y las pequeñas y medianas empresas, así como el reconocimiento académico de los conocimientos adquiridos por la experiencia profesional.

Otro de los objetivos que el Gobierno quería lograr con las administraciones autonómicas "en el plazo máximo de tres meses", era el de garantizar la plena conexión entre los diferentes sistemas públicos de empleo con el fin de lograr una mayor eficacia en la oferta de oportunidades de empleo a los parados.

Zapatero dijo que, pese a la ausencia de acuerdo, el Gobierno seguirá trabajando en estos objetivos con las administraciones autonómicas.