Las modificaciones legales para proteger a los concejales y cargos públicos en el País Vasco toparon ayer con el escollo competencial sobre quién debe disolver las corporaciones locales que apoyen o no condenen el terrorismo. CiU y PNV sostienen que deben ser las autonomías, mientras que el PP y el PSOE creen que debe hacerlo el Gobierno, previa aprobación por el Senado.
El ponente socialista, Diego López Garrido, consideró muy difícil llegar a un acuerdo con los partidos nacionalistas "porque la competencia sobre la disolución de los ayuntamientos es del Consejo de Ministros".
También PNV, CiU e IU rechazaron la propuesta de PP y PSOE de privar de ayuda económica a los grupos municipales de formaciones políticas cuyas direcciones justifiquen el terrorismo o tengan a algún miembro condenado mientras la sentencia no sea firme.
Más información:
Los parlamentarios de Batasuna cantan el ´Eusko Gudariak´ al Rey
