El último informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas catalana sobre la empresa pública GISA, encargada de las infraestructuras que promueve la Generalitat, corresponde al ejercicio del 2000, y no descubrió irregularidades. Sí fue investigada en el marco de la auditoría encargada por el tripartito y que se hizo pública en diciembre, encontrándose entonces actuaciones incorrectas.
La Sindicatura trabaja para presentar los informes del 2001 y 2002 antes del verano, y el del 2003 antes de diciembre. Precisamente, las adjudicaciones de obras por GISA se dispararon a partir del 2001. Si en el 2000 sumaban 365 millones de euros, al año siguiente eran 1.240, y en el 2003, 2.409.
El informe del 2000 dice que los contratos están "debidamente formalizados". Pero avisa de que la contratación de servicios no relacionados con las obras no cumple los principios de concurrencia. Y constata que GISA tenía en cuenta la experiencia del contratista, algo que prohíbe la UE.
