El Tribunal Constitucional tiene dudas sobre la legalidad de la euroorden. Desde hace un año, el alto tribunal mantiene en suspenso la entrega de un español a Francia. Cuando tomó esa decisión, los magistrados del Constitucional anunciaron que estudiarían si esa norma se ajusta a Derecho "con la mayor premura posible". Pero todavía no ha abordado la cuestión. La Audiencia Nacional, que resuelve las solicitudes de euroórdenes, continúa aplicando este procedimiento. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que este año se han firmado unas 300.
La orden europea de detención y entrega es una decisión comunitaria que debe incorporarse a la legislación de cada país miembro de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional alemán negó el pasado lunes la entrega a España del supuesto jefe de finanzas de Al Qaeda en Europa, Mamoun Darkazanli, al anular la euroorden por la que se le reclamaba.
Mientras, en España, la sala primera del Constitucional, que preside María Emilia Casas (presidenta de la institución), paralizó la entrega de Antonio Contreras, reclamado por el tribunal de Mulhouse (Francia) por tráfico de drogas en julio del 2004.
El Constitucional justificó tres meses más tarde su decisión de paralizar esa euroorden, acordada por la Audiencia Nacional en mayo del 2004, en el hecho de que la entrega podía provocar efectos irreversibles. La aplicación de la euroorden, recordaba, "implica la inmediata entrega" de Contreras a Francia "con la consiguiente dificultad de que una eventual sentencia estimatoria del amparo" tuviera efectos en ese país.
´CASO DARKANZALI´ Mientras, el fiscal instó ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska a denunciar en Alemania a Darkanzali con el fin de que las autoridades de ese país puedan investigarle como supuesto financiador de los atentados del 11-S en Nueva York.
