Delincuentes sí, pero terroristas, no. Antonio Toro y su cuñado, José Emilio Suárez Trashorras, negaron hasta la saciedad haber facilitado explosivos a Jamal Ahmidam, el Chino , para perpetrar la matanza del 11-M. Ambos coincidieron en sus declaraciones y afirmaron que tenían relaciones comerciales con el Chino y Rafá Zuhier para comprar droga.

Toro --que hizo una defensa numantina de su hermana Carmen, imputada también-- ratificó que estuvo preso en el 2001 y que allí conoció a Zuhier. Pero, negó que le comentara en la cárcel que traficase con explosivos. Un año más tarde, le llamó para que le pusiera en contacto con otros marroquís que se dedicaban al tráfico de hachís. También dijo que se dedicaba a la compraventa de coches junto a su cuñado, pero que cerró el negocio porque Trashorras era confidente policial y porque "faltó al respeto" a su hermana.

Toro, que se enfrenta a una petición fiscal de 23 años de cárcel, afirmó que le comentó en el verano del 2003 a Zuhier que su cuñado podía facilitarle explosivos porque había sido minero. "Fue por pura deducción: explosivos y minero". Sin embargo, negó que hubiera entregado al marroquí una muestra de explosivo, como sostiene Zuhier.

También confirmó que asistió a una reunión en un restaurante de comida rápida en Madrid en la que estuvieron su cuñado, el Chino y Zuhier. En ese encuentro, Trashorras y Ahmidam hablaron de la poca calidad del hachís que le había vendido, unos meses antes. Y ratificó que el Chino viajó a Asturias al menos dos veces.

MERCADO NEGRO Por su parte, Trashorras afirmó que "en Asturias existe un mercado negro de explosivos", pero negó que él hubiera facilitado ese material al Chino porque era imposible robar en la mina. Pero admitió que, "al igual que los jueces y los fiscales", a los mineros se les podía sobornar para que facilitaran explosivos.

También manifestó que la policía y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le ofrecieron dinero y ventajas procesales si implicaba a Jamal Zugam en la matanza. Y contó que Ahmidam le comentó que quería explosivos "para robar joyerías y furgones", pero aseguró que no pensó que fuera un islamista radical. Y culpó a la policía de no haber hecho nada para evitar la matanza. Según su versión, informó a un agente de Avilés, del que era confidente, de la existencia de la casa de Morata de Tajuña --donde se montaron las mochilas bomba-- en febrero del 2004 y se ofreció como "lanzadera" para que pudieran detener al Chino . "Me mandaron esperar", agregó.

También negó haber tenido relación ni conocer a los etarras que robaron un vehículo cerca de su casa y lo colocaron como coche bomba en un aparcamiento de Santander en diciembre del 2002. "Nosotros --dijo-- no tenemos nada que ver con ETA".

La mujer de Trashorras, Carmen Toro, se desmarcó de la trama. Hoy terminará el interrogatorio de los acusados y llega el turno de los testigos. El tribunal rechazó por "extemporánea" la petición del letrado de la acusación, Gonzalo Boyé, de recusar al perito Gabriel Moris en el informe sobre los explosivos empleados el 11-M, argumentando que es vicepresidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo.