José Luis Rodríguez Zapatero puede irse de vacaciones más tranquilo de lo que esperaba. Ayer, tras varios meses de intensas negociaciones, los Gobiernos central y vasco acordaron la renovación de la Ley de cupo, que fija las relaciones en materia tributaria y financiera entre las dos Administraciones. El pacto asegura a la Moncloa la disponibilidad del PNV para apoyar los presupuestos generales del Estado del 2008, la última gran prueba política a la que se enfrentará el Ejecutivo antes de las elecciones generales.

El eventual respaldo de los nacionalistas vascos a las cuentas del Estado es crucial para el Gobierno en un momento en que CiU y ERC intentan distanciarse para trasladar una imagen de independencia cara los comicios de marzo próximo, según señaló un portavoz gubernamental. No obstante, añadió la fuente, Zapatero confía en que al menos la primera de las dos formaciones catalanas respalde los presupuestos, como finalmente lo hizo, en los del presente ejercicio.

FACILIDADES El portavoz peneuvista en el Congreso, Josu Erkoreka, dejó clara la posición constructiva de su formación al decir que el acuerdo "facilitará" una mayor disposición al entendimiento con el Gobierno socialista. Sin embargo, Erkoreka eludió dar por seguro el respaldo a las cuentas del Estado y advirtió que el acuerdo sobre el cupo no supone un apoyo "inexorable" al proyecto presupuestario.

El pacto lo selló la comisión mixta del concierto económico, que reunió en Madrid a las delegaciones del Estado y del País Vasco, encabezadas por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y la vicelendakari, Idoia Zenarruzabeitia, respectivamente. Ambos aseguraron que el acuerdo tendrá efectos "enormemente positivos" para la "normalización" de las relaciones.

Al igual que Erkoreka, Solbes evitó traslucir una visión mercantilista del acuerdo. Por ello se manifestó prudente y dijo que el "tema presupuestario" tiene su propio camino. El pacto firmado era una cuestión pendiente desde el pasado diciembre, cuando concluyó la vigencia de la ley quinquenal anterior.

COMPENSACIONES El acuerdo fija en 1.565 millones de euros el cupo que el País Vasco abonará al Estado en el 2007, e incluye además otros 19 asuntos. Entre ellos, uno sustancial: a partir de ahora, el País Vasco deberá recibir una compensación si el Ejecutivo central decide hacer cualquier inyección económica en materias traspasadas a Euskadi. Otro tema es la puesta en marcha de la Junta Arbitral, una comisión de expertos encargada de resolver los conflictos entre las dos Administraciones.