El PP no solo tiene la intención, según ha anunciado su líder, Mariano Rajoy, de suprimir Educación para la Ciudadanía si gobierna tras las elecciones del 9 de marzo, sino que ha desarrollado la materia en algunas autonomías donde gobierna incumpliendo las leyes de educación (LOE) y de violencia de género. Así lo entiende el Ministerio de Educación, que ha presentado recurso contra las normativas de Madrid, Castilla y León y la Rioja ante los respectivos tribunales superiores de justicia.
El departamento de Mercedes Cabrera considera que tanto en el contenido de esta materia en la enseñanza primaria (5º o 6º) como en secundaria los decretos de estas tres comunidades no recogen el precepto por el que "la educación contribuirá a las habilidades para resolver conflictos de forma pacífica y promoverá la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres".
Educación incluyó la puesta en práctica de este artículo de la ley de violencia de género dentro de Educación para la Ciudadanía cuando el pasado marzo publicó los reales decretos que establecen las enseñanzas comunes para todo el Estado.
Las tres comunidades, según Educación, se arrogan facultades que corresponden a los centros educativos en 4º y último curso de la ESO, fundamentalmente orientador. Así, han agrupado las materias en tres (ciencias, letras y marías ). Fuentes educativas opinan que esto puede suponer una recuperación de los itinerarios o separación de los alumnos según su rendimiento a partir de 3º de ESO, como proponía la ley de calidad de educación (LOCE), que elaboró el PP y paralizó el Gobierno de Zapatero.
