El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado al ex ministro de Defensa José Bono el próximo 3 de abril a las 10:00 horas para que preste declaración como testigo en la investigación que sigue para esclarecer las causas del accidente del Yak-42 en Turquía en 2003.

La citación de Bono se produce después de que su predecesor en el Ministerio de Defensa, Federico Trillo, remitiera el pasado 14 de marzo el cuestionario que le trasladó el magistrado en relación con el accidente, en el que murieron 62 militares españoles, ya que él se acogió a la opción de declarar por escrito en esta causa.

Además de Bono, que en principio fue citado a declarar el pasado 18 de febrero pero se retrasó hasta no recibir las respuestas del anterior ministro, falta por testificar Carol Norma, representante legal de Chapman Freeborn, la compañía británica contratada por la agencia NAMSA de la OTAN, contratista de los aviones, quien ha solicitado declarar en Londres, su ciudad de residencia.

El juez ya ha tomado declaración a cuatro mandos militares, quienes aseguraron no tener constancia de que las "quejas" sobre las deficiencias en los vuelos contratados con compañías de la ex Unión Soviética para trasladar tropas hubieran llegado a la mesa de Trillo, y al comandante Antonio Bendala, que afirmó que estas quejas se conocían en el Ministerio de Defensa. Además han pasado por su despacho el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas Alfonso Agulló, el entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y el perito aeronáutico designado a petición de las familias, Cecilio Yustas.

Fernando Grande-Marlaska investiga el accidente del Yak-42, ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, en la parte relativa a la contratación del aparato, después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa que él había archivado el pasado junio. Igualmente archivó las diligencias relativas al reconocimiento de los cadáveres, también en contra del criterio de la Fiscalía, que ha recurrido esta decisión ante la Sala porque considera que el equipo militar forense que realizó las identificaciones falseó la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos.