Ser ministro de José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en un oficio de riesgo. La combinación del protagonismo de la Moncloa y las servidumbres de la actual minoría parlamentaria del Ejecutivo está resultando letal para cada vez más miembros del Gabinete, que ven cómo sus iniciativas son desautorizadas en público. En solo esta semana se han dado tres episodios de descoordinación.
El jueves, Zapatero dejó en evidencia en una misma rueda de prensa a la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, y su plan antidescargas en internet, y al grupo socialista en el Congreso y su apoyo a la retirada de los crucifijos. Y el viernes, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, vetó la propuesta del PSOE de recuperar la ley que permitía al Tribunal Constitucional (TC) emitir un dictamen previo a la aprobación de los estatutos, que deben ser votados en referendos.
El problema se arrastra desde el inicio de la actual legislatura, pero se ha ido agravando conforme esta ha ido avanzado y está consolidando una imagen de descoordinación. Solo en el último semestre, hasta siete episodios diferentes de fuego amigo han resquebrajado la unidad de acción gubernamental. El liderazgo, hasta ahora indiscutido, de Zapatero en el Ejecutivo y el PSOE comporta que cualquier decisión de calado político empiece y acabe en el presidente.
PRESION AÑADIDA El trabajo más ingrato queda para los ministros y el grupo parlamentario, con la presión añadida de estar expuestos al correctivo público de la Moncloa si alguna de sus propuestas genera rechazo por su impopularidad. Eso le ha ocurrido a González-Sinde ante la rebelión de los internautas y a José Antonio Alonso, portavoz del grupo en el Congreso, con la libertad religiosa. Por el mismo trance pasó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en su apuesta por la energía atómica. Y la titular de Igualdad, Bibiana Aído, con la reforma de la ley del aborto en el apartado que negaba a los padres de jóvenes de 16 y 17 años el conocimiento del aborto de sus hijas. En otras ocasiones, la descoordinación tiene como causa la pérdida de peso político que sufren el PSOE y el grupo en el Congreso por la decisión de Zapatero de aportar músculo a su Gabinete fichando a sus mejores efectivos. El papel que había jugado el ahora ministro de Fomento, José Blanco, en la dirección del PSOE es diferente al de su sucesora.
Cuando el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, estaba al frente de los parlamentarios la coordinación del grupo con el partido y Zapatero también estaba más engrasada.
La coordinación recae ahora en exclusiva en la vicepresidenta primera, pero no parece capaz de garantizar la unidad de criterio. Todo ello deriva en una excesiva multiplicación de portavoces y en mensajes confusos como los que rodearon el debate sobre la subida de impuestos prevista en los presupuestos del 2010 y el del subsidio de los 420 euros para parados de larga duración.
En esta última crisis incluyó otro punto de desequilibrio, el de las tensiones mal gestionadas entre ministerios que, entonces, enfrentó a Trabajo y Economía para dilucidar el número potencial de beneficiarios. El secuestro del atunero Alakrana sacó a relucir este problema con toda su crudeza. Hasta tres ministros, Carme Chacón (Defensa), Francisco Caamaño (Justicia) y Miguel Angel Moratinos (Exteriores), hicieron de portavoces del Gobierno durante la crisis.
TRIPLE DESAUTORIZACION A la postre, los tres fueron desautorizados, en mayor o menor medida, por De la Vega (de puertas hacia dentro) y por Zapatero (de puertas hacia fuera). El jefe del Ejecutivo llegó a reprender a Caamaño minutos después de que este informase a la prensa.
En el último episodio la vicepresidenta no tardó ayer más de 24 horas en tumbar la propuesta del portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Txiqui Benegas, de recuperar las sentencias preventivas del TC. De la Vega justificó su rechazo en el temor a que el PP utilice ese mecanismo para bloquear sistemáticamente la tramitación de las leyes que no comparte.
