La responsable de la oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, se ha mostrado hoy contraria a que el preámbulo de la nueva ley de víctimas limite la capacidad del Gobierno para adoptar medidas en materia antiterrorista y penitenciaria ante un próximo final de ETA. En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso que tramita la futura ley integral de ayuda a las víctimas, Lasa ha rechazado así la petición de algunas asociaciones que reclaman que en el preámbulo de la norma se descarte claramente cualquier diálogo o proceso de negociación con ETA. "No vemos razonable desnaturalizar el preámbulo de la ley con elementos no sólo impropios de tal ubicación, sino limitativos de las facultades legítimas de quienes ostentan responsabilidades en materia antiterrorista", ha dicho Maixabel Lasa, que al tiempo ha resaltado que el final de ETA "jamás puede ser resultado de una negociación política que favorezca las ideas defendidas por los terroristas". La viuda del ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jauregui ha subrayado que "el terrorismo se enfrenta al Estado y las víctimas son justamente la consecuencia del ataque que sufre el sistema democrático", una vinculación que, en su opinión, "debía ser más que suficiente para que las víctimas afirmen su confianza en las instituciones". "No caben dejaciones ni desviaciones de responsabilidad por mucho que el reconocimiento, el afecto, la comprensión y la solidaridad incuestionable con quienes han sufrido la lacra del terrorismo nos planteen difíciles disyuntivas", ha añadido. Ante la Comisión de Interior han comparecido hoy otra docena de responsables de organismos públicos y asociaciones, entre ellos el director de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha alabado la reparación que supondrá para las víctimas la nueva ley, con la que a su juicio nuestro sistema de indemnizaciones y reconocimiento será de los mejores del mundo. La mayoría de los comparecientes han mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas para garantizar a las víctimas "memoria, dignidad y justicia" y sólo el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza, Francisco José Alcaraz, ha mostrado su total desacuerdo con el proyecto. Alcaraz, ex portavoz de la AVT, ha calificado la ley de "fraude", ha criticado que el Gobierno no se haya puesto en contacto con él ni le haya remitido el borrador del proyecto, ha desconfiado de la voluntad del Congreso para incluir sus propuestas y ha puesto en cuestión que se apele al consenso ante grupos parlamentarios que se han reunido con terroristas como Josu Ternera o se han paseado con Batasuna por las calles del País Vasco. Una de las cosas que ha reclamado Alcaraz para que la ley sea "creíble" es que recoja que no se debe negociar con ninguna organización terrorista ni admitir que los terroristas puedan obtener beneficios por matar. En esto coincide con Francisco Caja López, de Convivencia Cívica Catalana, y con Cayetano González, director del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, entre otros, que han considerado que el mejor reconocimiento para las víctimas es garantizar que no habrá negociación con ETA.
