La ponencia sobre la ley de transparencia se ha vuelto a reunir este jueves, y al igual que en las ocasiones anteriores desde que estalló esta nueva fase del caso Bárcenas, los grupos de izquierda (el socialista, la Izquierda Plural y el mixto) se han ausentado de la negociación debido a la falta de explicaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los nacionalistas catalanes y vascos también han abandonado la comisión, pero no por la opacidad del Ejecutivo, sino porque consideran que falta el consenso necesario para una norma de estas características. Ante esta situación, el PP ha decidido aplazar indefinidamente el dictamen de la norma, que estaba previsto para el próximo martes, y ha convocado una nueva reunión para el jueves, es decir, un día después de la diputación permanente que decidirá si Rajoy rinde cuentas en el Congreso sobre el escándalo que salpica a su partido.
El diputado conservador Esteban González Pons, ponente de la norma, ha señalado que “se equivocan” quienes creen que el aplazamiento está relacionado con una posible comparecencia del presidente, ya que “no tiene que ver una cosa con la otra”.
Sin embargo, el gesto de este jueves ha abonado la idea de que el Ejecutivo se plantea ceder, permitiendo que Rajoy dé explicaciones, para así evitar la moción de censura anunciada el pasado martes por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Tres posibilidades
El Gobierno y el PP barajan varias opciones. Una pasaría por apoyar alguna de las peticiones de comparecencia presentadas por la oposición. Probablemente la de CiU o el PNV, quienes aun siendo críticos con Rajoy han sido menos beligerantes que la izquierda sobre su comportamiento. La segunda consistiría en adelantarse a la diputación permanente y convocar un pleno extraordinario en el que el jefe del Ejecutivo rendiría cuentas a petición propia. Y la tercera, por último, residiría en aprobar este viernes un decreto ley en el Consejo de Ministros, convocar un pleno para convalidarlo y aceptar que ese día también se celebre una sesión de control al Gobierno.
