En el fragor de la batalla de recursos al Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Generalitat han pactado una pequeña tregua. La comisión bilateral entre ambos ejecutivos llegó el lunes a un acuerdo en cinco temas vinculados al nuevo Institut Català de Finances (ICF), el sistema de protección a la infancia y la simplificación de la actividad administrativa del Govern catalán.

Así lo ha desvelado Xavier García Albiol este miércoles, un día antes de que se reunan en Madrid los vicepresidentes Oriol Junqueras y Soraya Sáenz de Santamaría. Para el líder del PPC en el Parlament esto es una muestra de la buena predisposición del Gobierno en funciones y un argumento para que el vicepresidente catalán acuda al encuentro con actitud "positiva y constructiva". "Existe la clara voluntad del Gobierno por llegar a acuerdos con la Generalitat en todos los aspectos que se ajustan al marco legal, a la Constitución y al Estatut", ha sentenciado. El también senador popular ha aprovechado para pedir que "deje de legislar en contra de España", intentando "romper España".

ESCALADA DE RECURSOS

En la reunión entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy se planteó intentar rebajar la judicialización de las relaciones entre la Moncloa y la Generalitat pero, tan solo dos días después, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba que recurrían tres leyes más: la que establece un impuesto a las viviendas vacías, debido a que este hecho ya se encuentra gravado; la de gobiernos locales y la de la igualdad entre hombres y mujeres, estas dos últimas por invasión de competencias. "Mensaje recibido", respondió entonces Neus Munté, portavoz del Govern.

El veto permanente del Gobierno le ha llevado a presentar 32 recursos contra normas catalanas. Y no se trata solo de medidas legales para frenar iniciativas vinculadas al 'procés'. Desde que en el 2012 el Govern empezó su senda soberanista, Mariano Rajoy ha decidido denunciar todo tipo de actuaciones, desde la declaración de ruptura con España hasta las leyes de pobreza energética y de horarios comerciales. La Generalitat también ha recurrido 49 actuaciones del Gobierno por invasión de competencias. El mismo lunes en el que la comisión bilateral llegaba a un acuerdo en estos cinco temas para evitar resolverlos en el Constitucional, el alto tribunal tumbaba la ley catalana que prohibía el 'fracking' y la que limitaba la implantación de centros comerciales de más de 800 metros.