El Govern denunciará las detenciones de independentistas
Artadi y Aragonés pedirán explicaciones por los polémicos arrestos en la reunión de hoy con Calvo. El Ejecutivo catalán considera que ha podido haber un delito de detención ilegal
El Govern de la Generalitat presentará una denuncia contra la actuación de la policía española sin autorización judicial de este miércoles que acabó con 16 detenidos. Según han explicado fuentes del Ejecutivo catalán, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de detención ilegal.
Asimismo, estas mismas fuentes han explicado que la 'consellera' de la Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, y el vicepresidente, Pere Aragonès, pedirán explicaciones este jueves al Gobierno español en la reunión que tendrán a Madrid con la vicepresidenta, Carmen Calvo. La actuación policial "inaceptable" será el primer punto del orden del día, según el Gobierno.
Los detenidos de este miércoles, entre ellos los alcaldes de la CUP de Verges y Celrà, así como varios activistas se hicieron en el marco de una operación policial por el corte del AVE en el primer aniversario del 1-O.
LEGISLACIÓN
El Govern recuerda que el artículo 167 del Código Penal castiga tanto al particular como al policía que haga una detención fuera de los casos que autoriza la ley. También señala que el derecho a la libertad es uno de los fundamentales del ordenamiento jurídico, no solo recogido al artículo 17 de la Constitución, sino porque el derecho a la libertad está expresamente recogido en los textos de derechos humanos internacionales, subscritos por España y que también son de aplicación a este país, de acuerdo con el artículo 10 de la Carta Magna.
En este contexto, el Ejecutivo catalán defiende que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 prohíbe la detención arbitraria (artículo 9); también cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966, que establece además que la detención solo podrá acordarse por las causas legalmente previstas; y la Convención para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las libertades Fundamentales, hecho a Roma el 4 de noviembre de 1950, que establece los supuestos en que una detención es legítima.
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