Tribunales
El constructor del caso 'Cuarteles' califica de "sorprendente" que le atribuyan un delito de cohecho
Ángel Ramón Tejera de León recuerda que sólo ha declarado en Ávila en relación a las adjudicaciones que recibió en esta provincia, pero no sobre las obras que le concedieron en otras doce comandancias de la Guardia Civil
Tono Calleja Flórez, Alberto Muñoz, Roberto Bécares
El constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', imputado en el caso Cuarteles al recibir adjudicaciones presuntamente irregulares para obras de reforma en cuarteles de la Guardia Civil por un valor de 3,3 millones de euros, considera "sorprendente" que la jueza que investiga el procedimiento en Madrid, María Isabel Durántez, le investigue por los delitos de falsedad continuada en documento oficial, malversación de caudales públicos y cohecho.
Así consta en un escrito firmado el pasado 9 de mayo desde Santa Cruz de Tenerife por el abogado del empresario, en el que se critica que se le atribuyan los delitos mencionados "sin que se haya tomado declaración a los investigados, a la vista de que la única declaración que se ha tomado fue en relación a las obras de los acuartelamientos de Ávila".
El denominado como 'caso Cuarteles' lo abrió el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila tras constatar presuntas irregularidades en las adjudicaciones de reforma en los acuartelamientos de esta provincia de Castilla y León.
La investigación avanza
Sin embargo, tras acordar la imputación del teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava, el instructor se inhibió a los juzgados de Madrid, recayendo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular es la magistrada María Isabel Durántez.
Por eso recuerda el abogado de Tejera de León que desde que abrió la causa el Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila, "la investigación se ha extendido al menos a otras 13 comandancias de la Guardia Civil", sin que se haya oído a los investigados por los hechos nuevos, "sin que ni siquiera se haya concretado a día de hoy el periodo que se está analizando, el número de comandancias, el número de obras, y cualquier otro elemento necesario para la posible imputación".
El letrado del constructor destaca, por ello, que la declaración de los investigados debe ser entendida como "un derecho que forma parte de un proceso con todas las garantías necesarias cuya vulneración conllevaría la nulidad de cualquier procedimiento de instrucción". Y no basta, prosigue el letrado, con que los investigados hayan declarado en Ávila, pues sus testimonios se limitaron "única y exclusivamente" a la ejecución de los contratos de esta comandancia.
Vázquez Jarava
La única diligencia que se ha practicado en el Juzgado de Madrid, prosigue la defensa del constructor de Lanzarote, fue la declaración del teniente general Vázquez Jarava, "y sin que se haya llevado a cabo los informes periciales".
Así, concluye el abogado, "resulta imposible la delimitación de los hechos cuando se está a la espera de que por parte de los peritos judiciales designados se proceda al examen de las obras, y lo que resulta más relevante es cómo se va a imputar o a solicitar el sobreseimiento cuando no existen informes que determinen si ha existido algún tipo de irregularidad".
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