El BNG reivindica su papel en la negociación de la financiación autonómica por la "especificidad" de Galicia

La reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, será uno de los ejes sobre los que pivote el arranque de esta nueva legislatura. El pasado lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están representadas todas las comunidades, y aunque la negociación de un nuevo modelo no estaba en el orden del día no dejó de ser uno de los principales temas de debate. El BNG busca reivindicar su papel en esa negociación poniendo sobre la mesa los "criterios específicos" de Galicia.

El próximo martes, en la sesión de control al Gobierno que se celebrará en el Senado, la senadora gallega Carme da Silva cuestionará al Ejecutivo sobre su predisposición a tener en cuenta los criterios específicos de Galicia "que encarecen sus servicios públicos en la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica". El BNG no tiene voz en el CPFF, pero su voto podría ser necesario para aprobar una hipotética reforma en el Congreso.

A través de un comunicado, Da Silva considera que "es necesario un modelo adaptado que tenga en cuenta los criterios de envejecimiento de la población, de dispersión de población, emigración o cambio climático para percibir los recursos que se precisan para costear los servicios públicos". En este sentido, subraya que Galicia es una de las grandes perjudicadas con el actual modelo. Una queja que comparten la gran mayoría de comunidades autónomas.

Los trámites en el Congreso

Hace casi nueve años desde que caducó el sistema de financiación autonómica y aunque se ha intentado renovar en distintas ocasiones -la última durante 2022- nunca se ha llegado a un acuerdo. Ahora, el Ejecutivo de coalición está predispuesto a volverse a sentar a negociar. Montero ha dejado claro que cualquier reforma debe pasar por un consenso con el PP que, a día de hoy, gobierna en 11 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

No obstante, el cambio de modelo debe realizarse mediante la aprobación de una ley orgánica, para lo que se necesita una mayoría de 176 diputados. En el extraño caso de que el PSOE decida emprender la reforma del sistema sin tener amarrados los votos del PP sería imprescindible contar con el respaldo de todas las formaciones nacionales, independentistas y soberanistas. Entre ellas, el BNG, que tiene un diputado en la Cámara Baja.