El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el diputado del PP Esteban González Pons retoman este lunes en Bruselas, bajo la batuta de la UE, las negociaciones de lo que muchos consideran la baza definitiva para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
El encuentro se ha visto retrasado una semana, debido a un problema leve de salud del negociador popular, lo que ha permitido, por otra parte, evitar que las negociaciones coincidieran con la última semana de campaña electoral en Galicia. Mientras tanto, la situación originada por la imposibilidad de realizar nombramientos en la cúpula judicial se sigue acentuando, y esta semana se ha sumado una baja más en el Tribunal Supremo, la de la magistrada de lo Contencioso Celsa Pico, cuya salida eleva a 25 el número de plazas vacantes en el alto tribunal.
El resultado de las conversaciones entre los dos grandes partidos, hasta ahora muy discretas, se ve, sin embargo, condicionado por una lista de candidatos para los doce puestos de extracción judicial que fue elaborada hace casi seis años y cuya vigencia es cuestionada desde muchos sectores jurídicos.
Pese a la antigüedad de la lista, el Consejo General del Poder Judicial está atado de pies y manos para presentar otros candidatos si no se aborda antes una modificación legislativa que lo justifique, señalan a este diario fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
De hecho, en ciertos momentos en los que la negociación ha estado cerca de fructificar, desde los partidos que participaban en las conversaciones se ha consultado sobre la posibilidad de modificar la lista inicial con miembros del Consejo, como el que era su presidente, Carlos Lesmes, o el vocal a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta. Ambos descartaron la posibilidad de que el órgano pudiera volver a presentar una propuesta sin amparo legal. “El Consejo hizo los deberes en 2018. No puede hacerlos dos veces”, señalan dichas fuentes.
No obstante, en el propio Consejo son muy conscientes de que desde entonces y hasta ahora las condiciones de los candidatos pueden ser muy distintas. Y esa situación se extiende a toda la carrera judicial, de tal modo que personas que en ese momento no quisieron postularse, ahora, en cambio, sí podrían estar interesadas en hacerlo; hay jueces nuevos, de las últimas promociones, a los que no se ha dado esa oportunidad e incluso es posible que magistrados que en el otoño de 2018 reunieron el número suficiente de avales para concurrir de forma independiente o que fueron apoyados por determinadas asociaciones ahora no lo fueran.
Renuncias e intentos de reenganche
La lista, por otro lado, también puede albergar fallecidos o jubilados entre los propuestos, mientras que otros candidatos ya no tienen interés en formar parte del CGPJ porque han cambiado sus expectativas profesionales o personales. Es el caso del magistrado del Tribunal Supremo José María del Riego, que renunció expresamente a pesar de que sonaba como uno de los nombres seguros desde el sector progresista para integrar el nuevo órgano.
También lo hizo, en la lista aportada por Jueces y Juezas para la Democracia, la juez canaria y posteriormente nombrada delegada del Gobierno para la Violencia de Género Victoria Rosell, aunque hace unas semanas comunicó al Consejo que quiere reactivar su candidatura toda vez que ha regresado al servicio activo como juez tras dejar la política. La Mesa del Senado tomó conocimiento del asunto el pasado 18 de enero y ha dado traslado a los grupos parlamentarios para que decidan, si bien la respuesta es controvertida porque se carece de antecedentes.
Libertad para los juristas
No pasa lo mismo con los vocales que se eligen entre juristas de reconocido prestigio, porque, ellos a diferencia de los vocales de extracción judicial, pueden ser propuestos con total libertad por los partidos. De ahí que los que sean elegidos ahora no tengan por qué ser los que lo iban a ser en 2018. De hecho, alguno ha comentado en su círculo de confianza que esta vez no le habían llamado.
Fue en agosto de 2018 cuando el entonces presidente del Consejo, Carlos Lesmes, puso en marcha el procedimiento para la renovación comunicando a los presidentes del Congreso y del Senado la próxima finalización del mandato, que cumplía el 4 de diciembre de ese año. Fue en ese momento cuando, en cumplimiento del sistema de elección actualmente vigente, se encomendó a las asociaciones judiciales la postulación de candidatos, a los que se sumaron otros independientes que han tenido un determinado número de avales por parte de sus compañeros.
Como resultado de todo ello, el 27 de septiembre de ese año Lesmes remitió al Congreso y al Senado la lista de un total de 50 precandidatos para los doce puestos judiciales del Consejo -los otros 8 los elige el Parlamento entre juristas de reconocido prestigio-. Entre ellos el juez que forzó un cambio en la Ley Hipotecaria llevando este asunto al TJUE, José María Fernández Seijo, la jueza de la Audiencia Nacional y ex edil del PP María Tardón o el también magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Las dudas sobre la legitimidad de los vocales que salgan de esta lista ya fue apuntada en diciembre de 2020. Jueces, profesores universitarios y juristas integrados en la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial denunciaron que el actual proceso de renovación del CGPJ "está aquejado de radical nulidad" y vulnera derechos fundamentales de los jueces salidos de las últimas promociones. Advertían además de que si los partidos políticos se obstinaban en mantener unos trámites insubsanablemente viciados, se exponen a una futura declaración de inconstitucionalidad.
La resolución de todas estas dudas, en todo caso, no corresponde al Consejo que propuso los nombres sino al Congreso de los Diputados y al Senado, que son los que podrían anular la lista y solicitar una nueva, algo que parece algo harto improbable. Se precisaría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el proceso retrasaría aún más la renovación que ahora se ve tan cercana.
Otro punto a tener en cuenta es que algunos de los candidatos se presentaron con la premisa de formar parte de un Consejo como el actual, donde solo algunos de sus miembros tienen dedicación exclusiva. No obstante, el próximo órgano de gobierno de los jueces tendrá a sus 20 vocales dedicados exclusivamente a esta labor tras la reforma legal de octubre de 2018, es decir, también después de que la lista fuera presentada a las Cortes.
