Los estudiantes en prácticas tendrán la obligación de cotizar a la Seguridad Social a partir del 1 de enero del 2024. El Gobierno retrasa así tres meses este nuevo deber de empresas y universidades, que según lo ya validado debía entrar en vigor el 1 de octubre del 2023. En el marco del macro real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo cede ante las presiones de los rectores universitarios y les da más margen para adaptarse a esta nueva normativa.
Actualmente aquellos estudiantes que realizan prácticas remuneradas ya cotizan por ellas a la Seguridad Social. Ahora, el objetivo del Gobierno era incluir en esa obligación a aquellos becarios que no percibieran ingreso alguno por sus prácticas, con el objetivo de introducirlos más tempranamente en el circuito cotizador de cara a futuras pensiones.
No así a prestaciones por desempleo, ya que la obligación de cotización está eximida de parte de las obligaciones habituales entre los asalariados y está ampliamente bonificada por el Estado. Hasta el punto de que la Seguridad Social pondrá de su bolsillo entre el 95 y el 97% de las cotizaciones obligatorias. El coste para los pagadores -empresa o univerisdad- era de unos 10 euros mensuales por alumno en prácticas, de media.
La nueva obligación de cotizar para todos los estudiantes afectaría a alrededor de un millón de alumnos que cada año realizan sus prácticas en empresas, centros públicos y privados. Las universidades no son solo uno de los principales emisores de estudiantes en prácticas en España, sino también su principal destino, junto a las empresas. Es por ello que la Conferencia de Rectores Universitarios (CRUE) se ha mostrado contraria a dicha medida y, una vez aprobada, ha pedido una demora de un año. Finalmente el Gobierno ha cedido parcialmente y les concede una demora de tres meses.
"Dado que las prácticas formativas suelen hacerse en el segundo o tercer trimestre de los cursos, la nueva fecha no afectará negativamente a los alumnos y permitirá, además, facilitar los trabajos técnicos de adaptación de los centros formativos", afirman fuentes del Ministerio de Seguridad Social.
En el real decreto también se ha ampliado de dos a cinco años los convenios especiales para poder computar como cotizados períodos de prácticas realizadas con anterioridad.
Indignación sindical
La obligatoriedad de que todos los estudiantes cotizaran por sus prácticas fue uno de los elementos pactados entre el Gobierno y los sindicatos en la última fase de la reforma de las pensiones. No obstante, la modificación de ese consenso no ha sido algo que el Ejecutivo haya negociado con las centrales firmantes. CCOO y UGT han emitido este martes un comunicado conjunto en el que muestran su enfado y critican la decisión de Moncloa.
Los sindicatos han calificado el aplazamiento como "una inexplicable cesión a las presiones de autoridades académicas y educativas que, ignorando los derechos reconocidos a las personas más jóvenes de nuestro país, se vienen oponiendo sistemáticamente a estos nuevos derechos reconocidos para las personas más jóvenes".
"Si le sumamos a esto la incertidumbre que el propio Gobierno ha generado respecto de la aprobación del recientemente firmado Estatuto del Becario, herramienta básica para acabar con la laboralidad encubierta y el fraude en la utilización de estas figuras, no podemos más que manifestar nuestro rechazo al incumplimiento de los acuerdos alcanzados y denunciar el riesgo de abandono de los derechos de una parte muy importante de la población más joven", añaden.
