"Nadie debe inducir a incumplir las sentencias"

"No se entiende que haya instituciones que puedan inducir al incumplimiento de las resoluciones judiciales". Con esta apreciación se refería Angel Juanes al apoyo dado por el Ayuntamiento de Miajadas a la plataforma creada en defensa de los dos policías locales condenados por el Tribunal Supremo, que ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres por la que fueron condenados a tres años de prisión y dos de inhabilitación por falsificación.

Juanes señaló que sin perjuicio del derecho que cualquier ciudadano tiene para crear grupos o plataformas, así como para agotar las instancias que estimen pertinentes, bien ante el Tribunal Constitucional o mediante la solicitud del indulto, "hay que dejar claro que es un mandato constitucional el cumplimiento y la ejecución de las sentencias".

Para la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura "el ayuntamiento debe colaborar con la Administración de Justicia y acatar la sentencia".