La responsable del juzgado de Instrucción número dos de Badajoz mantiene como imputados a doce de los quince implicados por la Guardia Civil en el presunto fraude del tomate. De esta forma, y aunque sus conclusiones no son definitivas, la juez considera únicamente como "testigos" a los tres empleados de Sayco, mientras que a los otros doce detenidos se les continúa achacando dos presuntos delitos de falsedad documental y fraude a la hacienda europea.

Fuentes jurídicas cercanas a la investigación del denominado fraude del tomate confirmaron ayer a EL PERIODICO EXTREMADURA que la juez del juzgado de Instrucción número dos de Badajoz ha desvinculado de la supuesta trama empresarial a tres de las quince personas inicialmente implicadas por la Guardia Civil, mientras que mantiene como imputadas a las doce restantes. En este sentido, la magistrada, tras tomar declaración a los quince detenidos y examinar el exhaustivo informe de la Benemérita, ha decidido que Julián Muñoz Fernández, Diego Pablo Mera Cazalet y Guillermo Díaz Morcillo, todos ellos técnicos de la empresa de servicios Sayco, sean citados a partir de ahora en calidad de "testigos".

FALTAN LAS CONCLUSIONES

Aun así, las diversas fuentes consultadas explican que el caso se encuentra aún en fase de instrucción e investigación, por lo que las calificaciones todavía no son definitivas. Así, una vez que la juez de Badajoz que instruye este caso concluya los interrogatorios deberá presentar sus conclusiones definitivas, en las que decidirá quiénes son los auténticos imputados, es decir, los que deberán ser juzgados por los tribunales.

Hay que recordar que una investigación de la oficina antifraude de la Unión Europea y, posteriormente, de la Guardia Civil desembocó a principios del pasado mes de mayo en la detención de quince personas. El Ministerio del Interior consideraba que hasta cinco empresas, Los Corbos --con su OPFH y la cooperativa--, Sayco, Conesa, Transa y Agraz, habían colaborado durante tres campañas (entre 1997 y el 2000) para que las tres últimas, industrias del sector tomatero, cobrasen de forma indebida algo más de 27 millones de euros en ayudas de la Unión Europea a la producción de tomate concentrado.

Al parecer, según los informes de la Guardia Civil, las industrias pagaban el precio oficial marcado y posteriormente forzaban a los productores a devolverles parte de ese dinero a través de diversos sistemas, entre ellos el pago a Sayco de servicios no prestados realmente.