En el actual debate sobre financiación territorial, los informes del Ministerio de Hacienda son un argumento más para las acusaciones políticas vertidas por los populares respecto del proyecto Zapatero y por ende al plan fiscal que defiende Pasqual Maragall. Según los estudios del Gobierno, la reforma del modelo aprobado en el 2001 tendría importantes secuelas económicas en Extremadura y La Rioja, que perderían respectivamente un 14 y un 17% de los fondos que reciben del Estado.
Con la propuesta catalana, diez comunidades autónomas saldrían perdiendo en el reparto y sólo Cataluña, Madrid, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana obtendrían más ingresos que con el modelo actual. Según estos datos, a excepción de Murcia, sólo los territorios españoles más ricos eludirían los perjuicios económicos por esta reforma.
