En torno al 70% de los inmigrantes sin papeles empadronados en la región no están aún acogidos al proceso extraordinario de regularización, bien porque los empresarios que tenían que tramitar la solicitud aún no lo han hecho, o bien porque ellos mismos --en el caso de empleados y empleadas del hogar-- no han presentado la documentación.

Según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Extremadura hay 20.066 extranjeros empadronados. Mientras, la Dirección General de la Policía da como cifra de inmigrantes regularizados un total de 17.123, lo que supondría que 2.943 extranjeros viven irregularmente en la región.

Por su parte, la Delegación del Gobierno apuntó que en las seis primeras semanas del proceso extraordinario de regularización (que arrancó el 7 de febrero y concluirá el 7 de mayo), en Extremadura se habían tramitado 854 solicitudes para dar de alta a inmigrantes sin papeles , lo que supone el 29% del total.

DESPIDOS Paralelamente a este proceso, un estudio realizado por la Asociación Profesional Española de Directores de Recursos Humanos, ha detectado que muchos empresarios están optando por despedir a aquellos inmigrantes en situación irregular que les pedían que tramitasen la solicitud de regularización. Así, para el caso extremeño, la asociación detectó que en las dos primeras semanas del proceso se habían tramitado 181 solicitudes (79 en Cáceres y 102 en Badajoz) y un total de 225 sin papeles (94 en Cáceres y 131 en Badajoz) fueron despedidos del empleo irregular que desempeñaban. Esto supone un 24% más de despidos que de peticiones de regularización.

En toda España, y para el mismo periodo, la APEDRRHH constató que había habido 48.247 solicitudes y casi 59.000 despidos.

Según César de la Fuente, portavoz de la asociación, el hecho de que muchos empresarios opten por prescindir de los sin papeles en vez de tramitar su alta viene motivado por la confusión e inseguridad sobre las normas del proceso.

Así, apuntó que "si un empresario regulariza, está clara la situación a partir de ahora, pero ¿qué pasa con el periodo anterior en el que se reconoce que el inmigrante ha estado trabajando sin alta? ¿se exime al empresario de responsabilidades por los deberes de cotización social anteriores a la regularización?".

El portavoz de este colectivo comentó que "nadie ha dicho claramente qué pasa, y la Administración se limita al ´regulariza y ya veremos´, que crea desconfianza". Además "el Gobierno ha anunciado que cuando termine el proceso habrá medio millón de inspecciones, y los empresarios tienen miedo de entrar en una lista negra si reconocen haber tenido trabajando a alguien irregularmente".

Asimismo, afirmó que se están dando numerosos fraudes, como la compra de empresas ya constituidas pero sin actividad para tramitar altas, o que los inmigrantes se costeen la regularización y logren que "algún amigo" les certifique que han estado trabajando como empleados del hogar, "y por eso un tercio de las solicitudes son de este sector".

Otra consecuencia es el efecto llamada , "porque en septiembre había 800.000 inmigrantes susceptibles de ser regularizados, y los últimos datos dan la cifra de millón y medio. Es decir, si, como se calcula, al final hay 400.000 altas, quedarán 1,1 millones de sin papeles , 300.000 más que antes del proceso".