El secretario general de los socialistas extremeños, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, planteará en la Conferencia Política de su partido, a través de enmienda, que el PSOE se comprometa "a eliminar el canon digital que grava sobre los bienes tecnológicos". En dicha enmienda de adición al documento marco, recogida por Europa Press, Rodríguez Ibarra propone que el canon sea sustituido por una cantidad que el Estado garantizará para la "industria cultural nacional", a partir de los ingresos por compensación por copia privada que se prevén recaudar con la legislación vigente. Apostilla el dirigente extremeño en el texto que esa cantidad será repartida entre los creadores de "forma transparente". "Es decir, --explica-- que se haga en función de los ingresos declarados por venta de sus obras en las respectivas declaraciones de la renta", de modo que "cobrarían todos los que hayan conseguido vender al menos una obra". Propone también que "en la declaración de la renta de todos los ciudadanos figure una casilla para dedicar una parte de los impuestos a compensar la copia privada (al igual que sucede con los fondos destinados a la Iglesia Católica)". Señala Rodríguez Ibarra que el canon "genera rechazo" porque "es indiscriminado", dado que "grava a todos con independencia del nivel de rentas del comprador" y "supone que todo el que compra un soporte digital lo va a utilizar para copia privada". Además, "no es transparente", lo cual explica señalando que "el importe del canon no es proporcional al precio de lo que se adquiere, sino que es calculado según otros elementos discrecionales" y, además, "no se conoce el destino de los fondos que se recaudan". En su argumentación a favor de eliminar el canon digital y sustituirlo por otros mecanismos, el expresidente de la Junta de Extremadura sostiene que "un partido de izquierda debe favorecer al máximo el acceso y uso del conocimiento a los ciudadanos, como elemento clave del progreso de los pueblos en términos de equidad". Expone el dirigente socialista extremeño que "parece claro que en la sociedad actual del siglo XXI la existencia de la copia privada ya no es un principio a cuestionar", y recuerda que "ha estado reconocida en la legislación de muchos estados (no en la de todos) como elemento que facilita el acceso universal a los bienes culturales". Al respecto, matiza Ibarra que "otra cosa es que se restrinja el alcance de lo que es posible hacer con el derecho a copia privada". Por tanto, considera que "las consecuencias a la infracción al derecho de copia privada deben ser convenientemente mesuradas por el legislador y sobradamente conocidas por el ciudadano". También entiende "razonable que, al existir el derecho a la copia privada, exista un mecanismo compensatorio que permita que la creación cultural pueda seguir existiendo, inyectando en el sistema la financiación que compense la falta de ingresos por la copia privada". Así, concluye Ibarra que si bien un gobierno de izquierdas debe "facilitar el hecho cultural promoviendo la existencia de creadores" y también "el acceso universal al producto cultural", lo que "ya es mucho menos importante es garantizar los intereses de una industria cultural, y menos si estos intereses están contrapuestos con otra industria, que es la tecnológica y de la sociedad de la información".
