El borrador del nuevo decreto que regulará la autorización de parques eólicos en Extremadura se encuentra ya en los servicios jurídicos de la Junta y su aprobación por parte del Consejo de Gobierno extremeño es ya probablemente cuestión de "entre uno y dos meses", según ha confirmado el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro.

Tal y como se había anunciado, el decreto incluirá dos grandes cambios respecto a la normativa anterior. Por un lado, se elimina el sistema de convocatoria, que impedía a los promotores solicitar la instalación de aerogeneradores fuera de un determinado plazo. A partir de ahora, cualquier promotor interesado en desarrollar un parque eólico puede comenzar su tramitación cuando lo considere oportuno. Eso sí, una vez que se pida la autorización, ésta se hará publica en el DOE, para que otros promotores puedan, durante un tiempo limitado, entrar en competencia con la primera iniciativa presentada.

"Los emplazamientos donde hay viento y posibilidades ambientales no son muchos en Extremadura. Sabemos que cada uno de ellos está siendo estudiado por muchos promotores y lo que no podemos hacer es primar a alguien por presentarse cinco minutos antes que otro", argumenta Navarro. Luego, entre todas las solicitudes se seleccionará una "de acuerdo a unos criterios objetivos que incluirá el decreto". El proyecto escogido, al que se dará una autorización previa, será el único que tenga que presentar "los proyectos de detalle, para no hacer muy costoso a las empresas el ir a esa competencia".

La segunda novedad es que, aunque se mantiene el requisito de crear tres puestos de trabajo por megavatio instalado en actividades ajenas a la propia construcción y explotación del parque, se ofrece al promotor una alternativa: cerrar un convenio con los ayuntamientos implicados por el cual la empresa hará una aportación anual a las arcas municipales durante toda la vida del parque, un dinero que tendrá que destinarse a la generación de empleo.

El importe de la tasa será proporcional a los ingresos que tenga la instalación (los tres empleos se le piden igual a un parque donde hay mucho viento que a otro donde hay poco). "Entendemos que si, por ejemplo, a lo largo de los años se produjera una reducción de la prima que cobran los parques, el esfuerzo que se les debe pedir de retorno a la sociedad tiene que ser proporcional a esa prima que está recibiendo", indica Navarro.

Precisamente, el consejero es escéptico sobre la posibilidad de que el Ministerio de Industria amplíe la potencia eólica que podrá entrar en funcionamiento en el 2012 cobrando la actual prima, una medida que podría beneficiar a alguno de los 22 parques proyectados en la región (todos quedaron excluidos del listado que el Ministerio de Industria publicó en diciembre). "Es muy poco probable", señala Navarro, que explica que un aumento del presupuesto destinado a las primas "se traduciría al final en un incremento de las tarifas y la economía española no está ahora para subir las tarifas eléctricas". Por este motivo, cree que lo que hay que buscar es que el ministerio saque cuanto antes la regulación que afectará a todas las instalaciones que han quedado fuera de este registro. "Los parques eólicos necesitan una planificación por parte de las empresas a muy largo plazo, a dos o tres años. Por eso sería muy importante que este año se conozcan ya cuáles van a ser las reglas del juego para 2012 y 2013, porque es ahora cuando hay que ir tomando las decisiones", sostiene.