El Pleno del Parlamento extremeño aprueba por unanimidad el proyecto de Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, que refuerza los mecanismos de lucha contra el fraude.
La nueva ley se estructura en cinco títulos y consta de 74 artículos, en los que se abordan el procedimiento de concesión y gestión de subvenciones, el reintegro de las mismas, el control financiero, y las infracciones y sanciones administrativas.
El texto conlleva la reforma de un buen número de procedimientos internos y así, por ejemplo, establece que en el caso de que el beneficiario de una ayuda de forma voluntaria asuma el reintegro por cobro de subvenciones indebidas, sin que haya ningún requerimiento de la administración, quedará exento del pago del 25 por ciento adicional del interés legal del dinero.
Además de incidir en la corresponsabilidad ciudadana, refuerza los mecanismos de lucha contra el fraude, de modo que además de todos los controles y certificaciones respecto del uso adecuado de la subvención, la norma establece que para todas aquellas superiores a 60.000 euros tendrá que haber una comprobación material "in situ".
La ley contempla, además, que habrá una publicación anual sobre las subvenciones que otorga la Junta de Extremadura y sus beneficiarios.
El diputado del PP Manuel Barroso justifica el apoyo de su grupo a esta ley porque regula aspectos "muy importantes" y porque la aprobación de una norma de subvenciones figura en el programa electoral del PP desde hace muchos años.
Destaca además que con esta norma se acaba con la dispersión normativa en esta materia, "que se traduce en inseguridad jurídica", aunque ha lamentado también que llega "tarde".
Además, defiende las 27 enmiendas del PP que han quedado vivas para el pleno, con las que pide que todas las subvenciones tengan disponibilidad presupuestaria; se delimite el concepto de subvención, y se facilite su control parlamentario.
Por otro lado, aclarar el concepto de beneficiario; evitar las prórrogas de convenios; garantizar el principio de publicidad en todas las subvenciones, incluidas las de menos de 3.000 euros; el anticipo de las subvenciones "con control y agilidad", y un plazo máximo para resolver de tres meses , en lugar de los seis propuestos en la norma, son otros de los planteamientos de las enmiendas populares.
Por el Grupo Socialista, el diputado Jorge Amado subraya que esta norma dotará de más agilidad y transparencia a la tramitación de las subvenciones, así como de un "exhaustivo control" financiero para evitar el fraude.
También considera que la mayoría de las enmiendas del PP entorpecen la consecución de estos tres objetivos mientras que otras son "redundantes" o proponen acciones que ya se realizan, por lo que el PSOE sólo ha aprobado tres de ellas.
