Extremadura cobrará a los 1.250 inmigrantes sin papeles que residen actualmente en la región por prestarles atención sanitaria pública a partir del sábado. En los casos en los que los enfermos carezcan de recursos, se facturará el gasto a su país de origen mediante convenios bilaterales. Así lo aseguró ayer el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, tras participar en una reunión informal en Valladolid con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y los titulares de otras ocho autonomías.
Sobre el decreto del Gobierno que excluye a los inmingrantes en situación irregular del sistema sanitario público, Carrón ha indicado que se establecerá "un procedimiento para el acceso a la asistencia sanitaria". En una nota, insiste en que "nadie se va a quedar desatendido", de manera que los 1.250 ciudadanos asentados irregularmente en la región tendrán acceso a la sanidad en los casos descritos por el ministerio --cuando se trate de urgencias, mujeres embarazadas o menores de edad--, "pero que también contribuyan al sistema sanitario", ha especificado. Para seguir recibiendo atención a partir del sábado, los extranjeros tendrán que suscribir un convenio con el Ministerio de Sanidad con un coste de 710 euros al año para los menores de 65 años y de 1.825 euros para los que superan esa edad. Sin embargo, Mato aseguró ayer que los enfermos crónicos también serán atendidos.
"Se intentará cobrar a todos aquellos que tengan la obligación de pagar, igual que pagan todos los ciudadanos, y los que no puedan pagar, se les facturará y se les intentará cobrar a sus países de origen mediante convenios bilaterales", ha puntualizado el consejero.
Cabe destacar que también la Comunidad de Madrid ha manifestado su intención de facturar el gasto a los países de origen a través de convenios, una idea a priori poco factible teniendo en cuenta que estos acuerdos no existen actualmente y que en caso contrario, no cubren a las personas en situación irregular.
