Transcurrido un año desde que se presentó el proyecto de solicitud de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina de níquel de Monesterio, ante el Ministerio de Agricultura (Magrama), por parte de la multinacional Lundin Mining (documento esencial para que alguna de las empresas que pudieran estar interesadas retomen la explotación minera de Monesterio de forma subterránea) vuelve a retrasarse.
Jesús Ferrero, miembro del comité de seguimiento, órgano encargado de vigilar y hacer cumplir el acuerdo firmado entre la empresa y los trabajadores, ha explicado que "es la tercera vez que el ministerio pide documentación a la empresa", con lo que da la sensación, manifiesta Ferrero, de que "parece que se va pidiendo por fascículos".
Ante esta situación, quien en su día fuera miembro del comité de empresa de Río Narcea, manifiesta sentirse defraudado. "Nos gustaría saber qué es lo que se esconde en la trastienda para poder solucionarlo", manifiesta Ferrero, quién subraya que "en apenas dos meses cien trabajadores se quedarán sin prestación por desempleo".
Hay que recordar que el pasado 1 de julio, después de casi medio año de lucha, protestas y reivindicaciones, la multinacional canadiense Lundin Minig ejecutó el expediente de extinción de contratos de 120 trabajadores de la mina. El yacimiento está cerrado y la única esperanza de reapertura pasa porque alguna de las empresas interesadas retomara la explotación. Las administraciones regionales de Extremadura y Andalucía, ayuntamientos de la comarca minera y centrales sindicales trabajaron por solicitar al Gobierno central aligerar este trámite, que finalmente no se resolvió antes de la ejecución del ERE, y que ahora, tras una nueva solicitud de documentación, "podría retrasarse al menos otros tres meses".
Ferrero ha explicado que "no se conoce cuál es la documentación que el ministerio ha solicitado a la empresa", para poder comprobar si es que "realmente no se ha presentado bien el informe, o por si le están buscando los tres pies al gato". Ante esta situación, apela a la Junta de Extremadura "para que insista y sea exigente" ante el ministerio, para conocer todos los detalles de este nuevo retraso y cuáles son los conceptos requeridos en esta nueva solicitud de documentación.
El pasado 12 de julio la mesa en defensa de la mina de Aguablanca decidió "pedir información al Estado sobre el cierre de la mina". A la salida de aquel encuentro, Eloy Sánchez reafirmó la rentabilidad de la explotación y la "urgente necesidad" de seguir reivindicando la DIA. El alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, explicó que aquella reunión estuvo motivada "ante la rumorología y el silencio sobre el posible desmantelamiento de la mina", por lo que se decidió pedir al ministerio todos los detalles sobre el plan de cierre de la explotación.
