Afiliados de UPA-UCE apoyan a sus dirigentes y niegan irregularidades

Afiliados y cargos comarcales de UPA-UCE Extremadura se concentraron ayer para mostrar su apoyo a los detenidos de su organización, así como para rechazar que esta entidad agraria haya cometido algún delito. «Es mentira que se nos diga que nos hemos llevado 1,8 millones de euros de los afiliados», dijo el portavoz regional de UPA-UCE, Antonio Prieto, minutos después de asistir a una asamblea «voluntaria» celebrada en la sede regional, en Mérida, a la que acudieron cerca de 300 afiliados y cuadros comarcales.

En la reunión los asistentes mostraron numerosas pancartas con lemas de respaldo a los detenidos, de apoyo a sus familias y de «inocencia» de sus dirigentes y de la propia organización.

A lo largo de este encuentro, en la que participaron algunos familiares de los dirigentes de UPA-UCE detenidos, se elevaron voces críticas hacia la actuación de la Guardia Civil y «cómo se está intentado criminalizar» a esta entidad agraria, informa EFE.

Tanto Prieto como el líder nacional de UPA-UCE, Lorenzo Ramos, que también estuvo presente en la asamblea, coincidieron en afirmar que «no hay caso» alguno.

La investigación policial ha determinado que más de 1.800 personas afiliadas a UPA-UCE Extremadura habrían pedido supuestas subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante 2013-2015 con fondos procedentes de la UE, según informó la Guardia Civil

Según el instituto armado, los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

«Todo eso es mentira», reiteró Ramos, quien explicó que la Junta de Extremadura fiscalizó los expedientes de asesoramiento y aprobó la concesión de las subvenciones.

Para Prieto, «hay algo muy dudoso» en el hecho de que la Guardia Civil «no le haya pedido ni un solo documento» a la administración regional relacionada con estos expedientes, pues es esta última «la que paga las ayudas y controla los expedientes». «No somos criminales ni delincuentes», concluyó el portavoz de UPA.