El paro, un empleo cada vez más precario o simplemente dificultades para llegar a fin de mes. Aunque parece que la situación económica mejora, cada vez son más las familias extremeñas que no pueden hacer frente al pago de su alquiler. Así se desprende del último estudio del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) sobre los impagos en los arrendamientos urbanos. La estadística refleja que los extremeños con retrasos en el pago del alquiler no han parado de crecer desde el año 2007 y solo en el último ejercicio se han incrementado en un 9,69%, frente al 8,4% del conjunto nacional.
El estudio del FIM cifra en 2.850,42 euros la deuda media por inquilino moroso en Extremadura. Teniendo en cuenta que el importe medio del alquiler se sitúa en la región en el entorno de los 360 euros, los retrasos acumulados en los pagos alcanzan casi los ocho meses. Los impagos son, junto al estado de conservación de la vivienda, el principal miedo de los propiestarios a la hora de arrendar un piso y en este contexto, son muchos los que deciden acudir a los juzgados a reclamar las cantidades pendientes y recuperar la casa.
Hasta tal punto es así, que los desahucios por no pagar la renta superan ya a las ejecuciones hipotecarias. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta octubre de este año se habían ejecutado en la región 276 alzamientos por impago del alquiler, frente a los 252 que se han producido por no hacer frente a la hipoteca.
MEDIACIÓN / Sobre el asunto ya ha llamado la atención el grupo parlamentario de Podemos, que exige que la problemática de las familias que vivien a renta sea también tenida en cuenta en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda. El texto, que ahora se está tramitando en la Asamblea, busca alcanzar el objetivo de «desahucios cero» en Extremadura con medidas como el fomento de los servicios de mediación, servicios que la formación morada pedirá por la vía de enmiendas parciales que se apliquen también a las familias que vivien de alquiler, no solo a las hipotecadas.
Al mismo tiempo que se tramita esta ley, la Junta trabaja en la creación de una bolsa de vivienda para alquileres asequibles de entre 125 y 350 euros al mes, de la que se podrán beneficiar familias con ingresos inferiores a 1.331 euros. Para ello se utilizarán las viviendas vacías de propietarios particulares y también de los bancos. El objetivo es que las casas, puedan cumplir una «función social», pero el Ejecutivo regional también pretende intervenir en el mercado del alquiler privado «para mejorar los estándares de calidad de las viviendas y las condiciones de los arrendamientos».
