El fiscal superior de Extremadura asumirá el caso del novio de Ayuso

La teniente fiscal del Tribunal Supremo o número dos de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Ángeles Sánchez Conde, Gelli, como la llaman todos, ha apartado formalmente a María de la O Silva, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del caso del presunto defraudador de impuestos en la compraventa de mascarillas Alberto González Amor, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su lugar ha designado a Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desde que fue nombrado en el año 2021por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Se ha optado por el extremeño al tratarse de una comunidad cercana a Madrid y de rango superior, como es el caso de la de ExtremaduraSe ha optado por el extremeño al tratarse de una comunidad cercana a Madrid y de rango superior, como es el caso de la de Extremadura

La información adelantada por El Periódico y confirmada por fuentes de la investigación, es el prólogo de la decisión que adoptará la sala civil y penal del TSJM sobre la base del informe del ponente de la querella y de una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, que será conocido de forma inminente.

El fiscal extremeño tendrá que pronunciarse tanto sobre la querella de González Amador por presunta revelación de secreto que habrían cometido los fiscales Julián Salto y su jefa en la Audiencia de Madrid, Pilar Rodríguez, como sobre la exposición razonada que envió al TSJM el juez Jaime Serret, titular del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, en la que solicitó que se investigue a los fiscales citados, a raíz de una denuncia del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, en la que apunta a la vulneración del artículo 417 del Código Penal (revelación de información por funcionario en ejercicio de sus funciones).

Se le designa por dirigir una fiscalía de rango superior cercana a la Comunidad de Madrid

Montero Juanes (Cáceres, 1958) estudió Derecho en Salamanca y su primer destino como fiscal fue Badajoz, en 1982. Después pasó por la Audiencia Provincial de Cáceres y por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), donde ejerció desde 2018 hasya que fue nombrado teniente fiscal de Extremadura. En una entrevista concedida a este diario reconoció el talento de la judicatura extremeña: "El Ministerio Público de la región cuenta con personal cualificado y muy veterano» afirmó y añadió que si antes si Extremadura "era una tierra de paso para esta profesión, ahora se ha convertido en tierra de destino».

El del novio de Ayuso no es el único caso de calado nacional que ha pasado por las manos del fiscal superior de Extremadura este último año. Precisamente hace unos días recibió una denuncia del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, en la que se pedía investigar al cacereño por unos hechos ocurridos cuando estaba al frente de la Federación Extremeña de Fútbol. En concreto, por unas obras para adecuar la visera del graderío del campo de fútbol Eusebio Bejarano de Badajoz. Tras estudiarla, Montero Juanes dio traslado de la misma a la Fiscalía Provincial de Badajoz, al entender que el caso es de su competencia y no de la fiscalía superior extremeña.

Informe favorable

Según ha anticipado El Periódico, Rodríguez Padrón emitirá un informe favorable sobre los dos puntos centrales: el TSJM de Madrid tiene la competencia sobre los dos fiscales, habida cuenta de su aforamiento; y los hechos revisten prima facie una conducta presuntamente delictiva.

Será la sala civil y penal presidida por el presidente del TSJM, el ponente en este caso, la que deberá deliberar y votar una vez emitido el informe. A continuación, la sala, caso de admisión, procederá a designar un magistrado instructor (diferente, lógicamente, del ponente) para poner en marcha las diligencias de investigación.

¿Qué se investigará? Alberto González Amador acusa a los fiscales mencionados de presunta revelación de secretos sobre su expediente en la Agencia Tributaria. Y, pretende asimismo la nulidad de las actuaciones contra él.

A González Amador se le acusa de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en dos operaciones de venta de mascarillas. Una le aportó una comisión de 834.320 euros, y la segunda, otra de 1.138.680 euros.

Tras detectar las inspectoras de la Agencia Tributaria un posible fraude fiscal, el 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador recomendó a su cliente llegar a un pacto. En un documento enviado a la Fiscalía de Madrid, el empresario admitía haber cometido dos delitos, aceptaba penas de cuatro meses de cárcel por cada uno de ellos y pagar 520.000 euros, entre otras cosas.

El problema es que los datos de la investigación fueron filtrados a través de una primicia informativa. Y, para matar la noticia, Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, salió al ruedo cometiendo un error estratégico: filtró una parte de la correspondencia entre la Fiscalía y el abogado.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García, entendió que el desliz de Miguel Ángel Rodríguez le daba el pretexto para entrar a saco, así que se apañó con la Fiscalía de Madrid y ordenó a la Fiscalía del TSJM difundir el comunicado que creía idóneo para, a su vez, matar la maniobra de Rodríguez. Y en dicha comunicación, publicada el jueves 14 de marzo, se informaba de todos los pasos del procedimiento reservado.

Dos semanas más tarde, la jueza Inmaculada Iglesias, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, admitía a trámite la querella de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso y le citaba a prestar declaración el próximo 20 de mayo.

Pero la sacudida dentro de la Fiscalía seguiría su curso. Porque la línea argumental fijada por García es que no ha habido revelación de datos o hechos y por tanto la Fiscalía ordenó a la fiscal en el TSJM, María de la O Silva, hacer un informe en el que se solicitaba a los jueces desestimar la querella.

La FGE se vio obligada a convocar una junta de fiscales para dirimir si se informaba contra la admisión de la querella. El siguiente paso fue el de informar a la sala civil y penal. Y ahora la sustitución de la fiscal Maria de la O. Silva por Montero. Se han ido a Extremadura para sustituirla.