«Estamos ultimando un convenio con el TSJEx para actuar en posibles desahucios»

--Hemos abierto una mesa de negociación con las entidades financieras para que nadie que no pueda pagar se quede en la calle, hemos realizado un estudio minucioso del parque residencial de Extremadura para saber cuántas viviendas vacías hay, y hemos puesto en marcha el sistema de intermediación bancaria. Además, estamos ultimando un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que nos va a permitir conocer los datos de los posibles lanzamientos y así poder actuar, y estamos llegando a acuerdos con la Sareb para que destinen a alquiler social un porcentaje de las viviendas que tienen en la región. Estamos consiguiendo que las personas puedan acceder a un derecho constitucional.

-¿Pero cuántos desahucios se han llevado a cabo en 2016?

--No lo puedo decir, porque no hay ningún dato que indique cuántos desahucios se han producido en personas que no pueden pagar. Tendría que remitirme a los datos el Consejo General del Poder Judicial y en ellos no se discrimina si son fincas rústicas o viviendas. Sí le puedo decir que se ha intermediado en 129 casos y que de ellos, en un porcentaje muy alto, en más de 80 casos, se ha conseguido una reestructuración de la deuda. El resto están en proceso.

-La ley de emergencia social que tramitan es un proyecto, a priori, muy ambicioso. ¿cuándo estará en marcha?

-- Ya pasó el debate de totalidad y en el próximo periodo de sesiones esperamos poder llegar a algún tipo de acuerdo con Podemos sobre este tema.

-¿Sancionarán a quienes retengan viviendas vacías?

--Siempre digo que esta es una ley que sacamos para ver si no se necesita cumplir, pero que sepan las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de esas entidades, y la sociedad de activos Sareb, que esa ley está ahí para cumplirse si llegase el momento que se tuviese que cumplir. Que habrá sanciones y que nos quedaremos con el usufructo de la vivienda durante un tiempo. Que no lo dude nadie. Aunque si seguimos en la senda de la intermediación bancaria y de que las entidades financieras pongan a disposición de las personas alquileres asequibles y todos tenemos buena voluntad, no será necesario que apliquemos la ley.