Lo que diga el agente, es lo que va a misa. Se le otorga a las fuerzas de seguridad un poder sancionador que no tenían. Y se castigan acciones que antes no estaban recogidas en ninguna normativa, como fotografiar a la policía o movilizar a través de las redes sociales. Ambas, por ejemplo, son faltas leves y suponen una multa de entre 100 y 600 euros», explica la abogada pacense Estrella Santiago. Ha pasado año y medio desde la entrada en vigor de la llamada por sus opositores Mordaza, oficialmente conocida como Ley de Seguridad Ciudadana. En estos 18 meses, esta medida, muy criticada porque básicamente convertía la protesta y la manifestación en un práctica de alto riesgo, ha dejado un pellizco económico en Extremadura. Desde el 1 de julio de 2015 (cuando entró en vigor) y hasta diciembre de 2016 (son las últimas cifras hechas públicas por el Ministerio del Interior), la región ha recaudado más de 3,8 millones de euros, lo que supone exactamente 6.399 sanciones económicas. Por provincias, la de Cáceres despunta con un 6,5% más de conductas infractoras. En concreto, durante el periodo mencionado, la Ley Mordaza dejó 1,8 millones en Badajoz (2.781 faltas) y algo más de dos millones en territorio cacereño (3.618 infracciones).

Los datos ofrecidos por Interior dividen las sanciones en tres tipos: drogas, seguridad ciudadana y armas o explosivos. Las relacionadas con el primer apartados han sido las más abundantes en Extremadura. «Sobre todo lo que tiene que ver con consumir en la vía pública. También con hacer botellón en lugares no autorizados», explica Estrella Santiago. «Aunque cabe destacar que en los jugados de la región lo que más se han tratado son asuntos relacionados con la desobediencia policial, porque un agente te puede cachear por tener indicios», añade.

MÁS CARAS / Otro de los aspectos que destaca esta abogada es que el precio de las multas ha subido. Antes las infracciones consideradas leves suponían hasta 300 euros, mientras que ahora oscilan entre los 100 y los 600. Las graves eran de 300 a 60.000, y actualmente el tope inferior se sitúa en 600. Y además se ha añadido la categoría de muy grave, que implica desde 30.000 hasta 600.000 euros. «Hay que tener en cuenta que esta ley entra en vigor a la vez que se reforma el código penal, de manera que hay actitudes que ahora pasan a ser saciones administrativas de esta cuantía y que puede imponer directamente un policía, y no un juez», aclara la abogada.

En este sentido recuerda que, por ejemplo, apuntar con punteros láser a conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención -y provocar accidentes- supone una sanción de las más caras.

44 conductas / La Ley de Seguridad Ciudadana agrupa un total de 44 conductas que son castigadas (4 muy graves, 23 graves y 17 leves). «Ha sido y sigue siendo muy criticada porque en muchos aspectos supone una vulneración de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo a la hora de llevar a cabo actos de protesta en la calle, esto es, manifestaciones». De hecho, varios de los artículos de esta normativa hacen referencia directamente a la perturbación de la seguridad ciudadana en las citadas manifestaciones o en actos públicos de cualquier tipo.

Considerada heredera de la Ley Corcuera de 1992, (la de la patada en la puerta, porque autorizada a la policía a entrar en una vivienda en la que se sospechase que podía haber delito sin necesidad de orden judicial), ha recibido las mismas críticas que su antecesora.