Fue a inaugurar un congreso de Escuelas Católicas y dijo claramente que los padres pueden darle el tipo de educación que quieran a sus hijos, que esa libertad existe, pero que la Constitución no avala el derecho de las familias a escoger una enseñanza religiosa o un centro educativo. Las palabras de la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, todavía indignan a la concertada, que sintió estas declaraciones como un ataque directo.
Desde Extremadura, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Ángel Borreguero, expresó: «Ahora más que nunca están siendo pisoteados nuestros derechos». Y agregó: «Queremos poder educar a nuestro hijos en libertad y para que se dé esto tienen que dejarnos elegir centro».
DE NUEVO, EL DEBATE / Lo cierto es que Celaá volvió a abrir el debate de la concertada, un modelo que se financia con fondos públicos pero que después lleva a cabo una gestión privada. La mayoría tienen detrás una patronal religiosa.
En la región uno de cada cinco estudiantes acude a un centro de este tipo. Según los datos que facilita la Consejería de Educación y Empleo de este curso 2019-2020, si hay 166.755 alumnos en Extremadura, 134. 644 asiste a la pública (779 colegios e institutos repartidos por la comunidad) y 32.111 a la privada-concertada (104 centros).
En esas cifras se incluyen todos los niveles (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP). Pero el porcentaje en el caso de Secundaria aumenta a uno de cada tres estudiantes. La proporción también se incrementa en ciudades como Badajoz.
A las declaraciones de Ángel Borreguero responde el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Centros Públicos (Freapa), José Luis Casado Delgado, que ocupa este cargo desde hace algo más de un mes: «Yo estoy de acuerdo con que haya dos modelos de enseñanza: la pública y la privada. Y que cada familia tenga la libertad de elegir a cual quiere llevar a sus hijos».
«MÁS BARATO» / Delgado continúa: «A finales de los años 80 los gobiernos socialistas en lugar de crear más colegios públicos lo que hicieron fue concertar aulas, que resultaba más barato». Y apostilla: «En Extremadura tenemos un grave problema de natalidad, nos quedamos sin alumnos, de manera que lo que tenemos claro es que si hay que cerrar unidades, las primeras deben ser las concertadas».
También se expresa el portavoz de la Asociación Docentes Enseñanza Concertada Extremadura (Adecex), Victor Rodríguez, quien defiende las declaraciones de la ministra: «Tiene toda la razón», afirma. Él lo resume así: «Si un centro tiene buena fama, los padres quieren llevar a sus hijos allí; pero si empiezan a entrar alumnos de otros barrios, pues ya ese mismo centro deja de estar tan solicitado».
Lo que Rodríguez subraya se ejemplifica, entre otros casos, con el conflicto habitual en Los Maristas de Badajoz, donde el curso pasado unos padres denunciaron a otros por falsos empadronamientos para poder acceder a este colegio.
El portavoz de Adecex también pone el foco en que no todos los concentrados tienen un sello religioso, los hay que son cooperativas de profesores (hay 15 de este tipo en la región).
RESPUESTA DE LA JUNTA / ¿Qué dice la Junta de Extremadura? «En ningún artículo se expresa que las familias tengan libertad para elegir el centro. No es que lo diga la Consejería de Educación o el Ministerio, es lo que refleja la Constitución Española. El derecho de elección está recogido en la LODE (ley con la que se crean los conciertos) y en la LOE», explican.
Y añaden: «El derecho a elegir no significa que la Administración tenga que conceder obligatoriamente plaza en el colegio prioritario de los padres, sino que se tienen que aplicar unos criterios, los mismos para la escuela pública y la concertada, para llevar a cabo la asignación de una plaza».
