Extremadura pedirá nuevas hectáreas para cava tras la sentencia del Supremo

La Junta de Extremadura solicitará al Tribunal Supremo que, tras la sentencia que ha anulado los artículos en los que se limitaba la superficie de plantación de viñas con destino a cava, se declaren nulas las restricciones fijadas para 2020, 2021 y 2022 y, en consecuencia, pedirá la concesión de nuevas hectáreas de replantaciones y plantaciones para esos años.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha celebrado que la justicia haya dado la razón al Ejecutivo extremeño, al anular los dos artículos del Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre.

Estos citados decretos otorgaban la potestad al Consejo Regulador de la Denominación de Origen de limitar la superficie de plantación de viñas con destino a cava, lo que, a juicio de García Bernal, «daban un relevante e inexplicable protagonismo al consejo regulador». Habría que recordar que este organismo está compuesto por 10 vocales que son productores catalanes.

Voz a las comunidades

La Junta solicitó al Supremo la declaración de nulidad de la reforma, ya que imponía al Ministerio de Agricultura la aceptación de las recomendaciones presentadas por el citado Consejo Regulador y privaba a la comunidades de emitir informes contra esas recomendaciones.

Según ha detallado este lunes la consejera, las nuevas concesión de hectáreas se harán teniendo en cuenta «un crecimiento sostenido, nunca desmesurado» del sector y se trasladará al Ministerio de Agricultura una vez escuchado el sector extremeño.

En este sentido, ha subrayado que Extremadura tiene 1.706 hectáreas en la DO Cava, de las que 1.476 ya están en producción, y cree que teniendo en cuenta, no solo la capacidad de producir, sino después de vender en el mercado, esa ampliación podría rondar las 200 hectáreas por año.

García Bernal recordó que el Ejecutivo extremeño también recurrió la resolución del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, como ha hecho con este decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, con lo que se pone de manifiesto que «gobierne quien gobierne, la Junta defiende los intereses de los agricultores extremeños».

Ahora, con la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno está obligado a consultar a las comunidades afectadas y ser quien restrinja o no nuevas hectáreas «pero de manera motivada y con informes». «Queda claro que no importa quien gobierne este país, solo nos importan los cultivadores de cava de Tierra de Barros, como ocurre con los tabaqueros del norte de Cáceres», insistó García Bernal, quien apuntó que fue la Universidad de Extremadura la que hizo el informe que se adjuntó con el recurso, como también ha hecho el del tabaco para solicitar que en la nueva PAC se perciban las mismas ayudas.

Un aviso

A su juicio, esta decisión «marca un aviso» a los dirigentes del Ministerio de Agricultura de que cuando la Junta se opone «siempre lo hace con motivaciones y con razones». «Siempre se ha defendido la capacidad de Extremadura de producir más y tener voz y voto en las decisiones ante los oligopolios del norte de España», apostilló.

García Bernal no ha querido pronunciarse sobre la petición de dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, por parte de algunas organizaciones agrarias.

REACCIONES

Creex: «Favorecía a Cataluña»

«El real decreto representaba una restricción de derechos con el único fin de favorecer a un territorio determinado, Cataluña, en detrimento de otros como Extremadura o Valencia, lo que ponía en cuestión el libre mercado y la competencia, lo cual resultaba injusto y contrario a derecho». Así resume la sentencia del cava la Confederación Empresarial Extremeña (Creex). «Productores catalanes usaron esta vía para impedir más producción ante la caída de demanda del cava en su región», añade.

UPA-UCE: «Era una discriminación»

UPA-UCE manifestó su satisfacción con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cultivo destinado a la producción de cava ya que pone fin «a la discriminación que sufrían los viticultores extremeños desde hace varios años». La organización profesional agraria recuerda que la única denominación de origen especifica que existe en España, dirigida exclusivamente por miembros procedentes de Cataluña, «podía imponer hasta ahora restricciones a nuevas plantaciones en nuestra región».

Apag-Asaja pide la dimisión de Planas

Desde APAG Extremadura Asaja y APAG Asaja Cáceres han pedido directamente la dimisión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por la sentencia del cava. «Por haber permitido una injusticia tan grande como que una región pudiera decidir, de manera unilateral, sobre unos derechos que afectaban al conjunto del país», especifican. «La sentencia es un auténtico revés judicial a la decisión de Planas, que no se ajustaba a derecho», apostillan.

«Ahora mismo hay excedentes y no conviene plantar más»

«Ahora mismo hay excedentes y no conviene plantar más»Los productores de Almendralejo, donde hay cinco bodegas elaboradoras de cava extremeño acogidas a la Denominación de Origen Cava, han acogido con cautela la sentencia que da la razón a la Junta de Extremadura en el conflicto por la limitación de la superficie de plantación de viñas para cava.

Uno de los impulsores del cava extremeño, Marcelino Díaz, de Bodegas Puerta Palma, reconoció ayer a EFE que «ahora mismo hay excedentes de vino y no es conveniente plantar más viñedos», ya que lo aconsejable es compensar la oferta y la demanda.

Otros productores de cava señalan abiertamente que prefieren mantenerse al margen de esta cuestión y no opinar, ya que ellos dependen directamente de lo que decida el consejo regulador del cava y no conviene llevarles la contraria, confiesa uno de los bodegueros que prefiere no dar su nombre. Esa opinión también es compartida por otros productores, que creen que la sentencia atañe más a los agricultores que a los elaboradores.

Marcelino Díaz, que llegó a los tribunales en los años 80 para defender que el cava extremeño siguiera dentro de la DO, sí señala que la sentencia es «muy interesante» por el hecho de que el Tribunal Supremo haya reconocido que no es el consejo regulador el que debe decidir las hectáreas de viñedos destinados al cava que se plantan en todo el territorio español. «Fue el Ministerio de Agricultura el que delegó en el consejo esas funciones y eso no se puede hacer» en tanto que, explica, el consejo es supraterritorial y excede de una sola autonomía, aunque sean los productores catalanes los que dirigen en estos momentos ese órgano. «El consejo tiene sus funciones, pero todo lo que haga tiene que ser revisado por el Ministerio».