La plataforma Mujeres Libres, Mujeres en Paz, impulsora de la campaña #MamáEstáCastigada, ha reunido este sábado a un centenar de personas en una concentración en Badajoz para pedir “justicia y reparación urgente” para Sara y sus dos hijas, a las que no ve desde hace dos años por un proceso lleno de "irregularidades".
En declaraciones a los medios, la presidenta de la asociación, Ana María González, ha explicado que la madre está “devastada” y tiene un “sufrimiento permanente” porque lleva en este calvario desde hace cinco años, aunque es peor desde que el 10 de abril de 2019 le “arrancaran” a las niñas en la comisaría de Badajoz.
Así, ha asegurado que el Tribunal Supremo ha admitido a estudio esa práctica “medieval” que está catalogada de “tortura”, porque se las quitaron de pronto, para darle unas niñas a una familia que no conocían y “romper el vínculo más puro”.
González ha afirmado que ella tiene derecho a visita, no tiene ninguna orden de alejamiento de sus hijas ni de no poder comunicarse pero, sin embargo, no le dejan verlas.
Además, cuando Sara lo ha intentado el entorno del padre ha llamado a la policía para alertar de que es una mujer que las quiere secuestrar.
La presidenta ha explicado que la madre tiene más de 25 testigos que testifican que ella trabajaba en el hospital, salvando vidas, y se pregunta cómo es posible que le acusen de secuestro de sus propias hijas y el trámite vaya para adelante.
A pesar de todo, ha anunciado que Sara tiene mucha esperanza al ver la red de apoyo que se ha creado, que en dos meses ha reunido más de 5.500 personas.
Por su parte, la abogada y portavoz de la asociación, Tania Álvarez, ha expresado que le “arrancaron brutalmente” a las niñas de seis y cuatro años fruto de una “detención ilegal” y que hay dos juezas sancionadas por ordenar esa detención en un proceso que no era el adecuado.
Según Álvarez, en el momento que se le quita la custodia no se le notifica cómo, dónde y cuándo debe entregar a las niñas y, aún así, el padre la denunció cinco veces solo una semana después de que saliera la sentencia, al crear una “falsa apariencia de desaparición” de las menores cuando Sara nunca cambió de domicilio.
La abogada ha informado también de que el padre no tiene la filiación paterna no matrimonial reconocida legalmente sobre la hija más pequeña, por lo que legalmente está inscrita con los apellidos de la madre.
Por último, Álvarez ha señalado que el juicio se celebrará el 18 de junio después de que se haya suspendido cuatro veces.
En la concentración ha estado presente la coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel.
