El criterio de población lastra a Extremadura en la financiación autonómica

El mecanismo ya están en marcha y la batalla se librará «a cara de perro». La reforma del sistema de financiación autonómica será la gran protagonista del nuevo curso político y todas las regiones han comenzado ya a mover ficha para defender sus intereses. El modelo debería haberse revisado en 2014 tras cinco años en vigor, pero la crisis financiera primero y luego la inestabilidad política, el Procés y la crisis sanitaria han retrasado su renovación.

Ahora, con la vuelta a cierta normalidad gracias a la vacunación, las autonomías están presionando para que se aborde de una vez por todas un debate que, además de su complejidad técnica, esconde un enorme trasfondo político. Por ello, pese a la urgencia de revisar el modelo, la crispación amenaza el gran consenso necesario para ello. 

La futura financiación autonómica abre una brecha entre los territorios

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a dar un primer paso en noviembre con la revisión de la población ajustada, el criterio por el cual se asignan los recursos del sistema y que incluye factores demográficos y geográficos. Además, el Gobierno ha nombrado un comité de expertos para abordar una reforma fiscal, cuyas conclusiones se conocerán a inicios de 2022. Este comité está analizando la armonización de los impuestos cedidos como patrimonio y sucesiones, sobre los cuales las autonomías tienen plena competencia y que en los últimos años se han convertido en una verdadera fuente de conflicto entre territorios por el dumping fiscal. 

La posición de la Junta

En este contexto, ¿qué papel juega Extremadura? El presidente, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido la «urgencia» de revisar un modelo que, por estar mayormente basado en criterios poblacionales lastra a Extremadura, la comunidad con menos habitantes y mayor dispersión geográfica del país. «El que Extremadura sea la comunidad autónoma de España con la ratio más baja de alumnos por profesor no es un capricho, es una necesidad, porque tenemos casi 400 municipios, y el que no entiende esto es que no ha entendido nada», ha dicho esta semana.  

Así, entiende a las comunidades más pobladas que defienden sus intereses, pero «esto no va a de intereses, esto va de igualdad de oportunidades en el conjunto de España», entre otras razones hasta que los niveles de renta se igualen. «Esto va así; no vale decir: ‘yo diseño un país en el que la industria esté en el norte con la mano de obra del sur y ahora quiero que todo el mundo parta de la misma raya’... No, deme usted la oportunidad de que tengamos el mismo nivel de renta que los demás», ha reivindicado. 

El estudio La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común 2002-2019, publicado a comienzos de septiembre por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), sitúa a Cantabria como la comunidad mejor financiada de la caja común. En 2019 recibió 3.321 euros por habitante, una cifra que supera en 702 euros los 2.618 que obtuvo la Comunidad Valenciana, que sería la peor financiada según el mismo informe elaborado por los expertos de Fedea.

De media, cada región española recibió 2.833 euros por habitante, cifra por debajo de la cual solo se sitúan cuatro comunidades: Murcia (2.629 euros por habitante); Andalucía (2.718) y Castilla-La Mancha (2.751). En el resto de territorios la financiación es superior a la media nacional. Tras el liderazgo de Cantabria se sitúan La Rioja (3.211 euros por persona); Baleares (3.127 euros); Extremadura (3.086) y Canarias (3.081). A priori, podría parecer que Extremadura no sale tan mal parada. 

«El problema es que al dividir por población, al ser solo un millón de personas, el gasto se dispara, sin tener en cuenta otras variables que encarecen el coste de los servicios», explica Elena Manzano, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura (Uex). «Con el criterio de población, siempre vamos a aparecer sobrefinanciados porque apenas somos un millón», dice. 

Manzano, que representó a Extremadura en la comisión de expertos que se creó en 2017 para abordar la reforma del sistema, reclama su revisión «casi desde el momento de su aprobación en 2009». «Se intentó contentar a todas las comunidades y así salió: un sistema muy complejo, difícil de comprender y que además tiene distintos fondos contradictorios entre sí. Habría que hacer una revisión de las transferencias y una simplificación para aportar más claridad», detalla la experta. 

Hasta 2009, el sistema de financiación autonómica se basaba en una «cesta de impuestos» que se cedía a las comunidades autónomas: una parte de lo recaudado por las principales figuras impositivas (IRPF, patrimonio, IVA o impuestos especiales) se quedaba en las regiones y si no tenían suficiente financiación para hacer frente a las competencias asumidas, a través de un fondo de suficiencia se cubría la diferencia. 

Más autonomía

En 2009 se incrementa la autonomía financiera de los territorios (los porcentajes de cesión), de forma que el IRPF y IVA quedan transferidos al 50%, los impuestos especiales al 58% y otros como patrimonio, juego o sucesiones al cien por cien. «Se incrementan los porcentajes de cesión pero se hace una nivelación parcial de los servicios básicos esenciales al 75% y el resto de necesidades se cubren mediante los fondos de convergencia, cooperación y competitividad», explica la profesora. 

El fondo de competitividad, para comunidades con elevado poder recaudatorio («había que contentar a Cataluña y se crea ese fondo», dice la experta) y el de cooperación, para las que tienen renta inferior a la media, como Extremadura. 

En cuanto a esa nivelación de servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), el criterio de población es el que tiene mayor peso: un 97%. Las autonomías que tienen más población son las que perciben más nivel de ingresos; se tiene en cuenta la superficie o la dispersión pero en proporciones muy inferiores. También recibimos de los otros fondos, pero el reparto se complica y castiga a territorios como el nuestro, con amplia extensión y apenas un millón de habitantes, donde hay que prestar igualmente los servicios», detalla Manzano.

¿Y qué ocurre de cara al nuevo modelo? «A nivel de recaudación no vamos a poder crecer mucho más porque estamos perdiendo población y no hay industria. Vamos a seguir necesitando transferencias y si se anclan en la propia población, estamos abocados a no poder prestar las competencias y a ser una región que no va a recibir nunca financiación suficiente», afirma.

El sistema actual intenta garantizar que haya dinero suficiente para prestar los servicios, pero Manzano recuerda que la Constitución aboga también por la solidaridad: en su artículo 158 crea un fondo de compensación pero «la dotación es ridícula» y no se modifica desde 2001. La solidaridad implica redistribución, invertir en territorios que lo necesitan de verdad, como el nuestro, por ejemplo en transportes y comunicación. No solo necesitamos la suficiencia de recursos, sino mayor inversión», apunta. 

Así, la experta aboga por la nivelación total y plena de los recursos y la redistribución de renta e inversión. Para Extremadura, introducir en el nuevo modelo criterios de reparto como la densidad de población, la dispersión geográfica, la renta per cápita (a la inversa), o el desempleo es clave para poder salir mejor parada. «El resto, y sobre todo la población, nos anulan como territorio», concluye Manzano.