Comenzó como una posibilidad para conciliar la vida familiar y reducir costes a la Administración, pero la pandemia lo hizo imprescindible y ahora sigue mejorando. La Junta de Extremadura ha introducido cambios en la normativa que regula el teletrabajo de los empleados de la Administración Pública, que se abre por primera vez a los coordinadores y cargos intermedios. La región, que fue una de las primeras comunidades que puso en marcha este sistema en 2018, se adapta así a la normativa nacional, que también obliga a facilitar un ordenador y teléfono a los trabajadores que se acojan a esta modalidad.
El pasado mes de julio, en base al incremento de las cifras de vacunación y la menor afluencia por la coincidencia con el periodo vacacional, los empleados públicos de la Administración regional recuperaron totalmente la presencialidad, «siempre con todas las medidas de seguridad y salud».
Sin embargo, la Junta sigue permitiendo el teletrabajo a los funcionarios que se acogen a las convocatorias que se abren cada año con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, aumentar la productividad y reducir costes a la Administración. La última se lanzó en abril con un cuantioso aumento de plazas y atrajo a 532 empleados de todas las consejerías, que desempeñan su trabajo tres días a la semana en casa y dos en la oficina manteniendo íntegramente las retribuciones económicas.
La principal novedad que se incorpora ahora a la normativa es la obligatoriedad de dotar a los trabajadores de los medios tecnológicos necesarios para ello: ordenador, teléfono móvil, cuenta de correo electrónico y aplicaciones informáticas, que hasta ahora corrían a cargo del empleado. No obstante, la Consejería de Hacienda y Administración Pública señala que actualmente, «más de un 50% de los empleados acogidos a la actual convocatoria disponen ya de los citados recursos».
Al mismo tiempo, tras los trámites de sugerencias e información pública (en los que se han recibido más de 320 propuestas) y la posterior negociación con los representantes sindicales, se han incorporado otras mejoras que consolidan esta modalidad de trabajo en la Administración extremeña. Así, el nuevo decreto otorga una mayor puntuación en la baremación a la distancia de la vivienda al puesto de trabajo, «en línea con las políticas regionales de reto demográfico y el objetivo de fijar población al medio rural».
Además y por primera vez, la modalidad del teletrabajo se abre también a los funcionarios con puestos intermedios y de coordinación, aunque con unas características diferenciadas por la naturaleza de sus tareas: dos días de trabajo en casa y tres en la oficina (para el resto de trabajadores es al contrario) y un horario fijo, obligatorio y coincidente con las horas de trabajo del resto del equipo que trabajan de forma presencial. Durante esas horas «la disponibilidad deberá ser absoluta». Y no se contempla ninguna compensación económica, porque se entiende que para estos empleados es un ahorro trabajar desde casa.
Tres convocatorias
La primera convocatoria para el teletrabajo de los empleados de la Administración autonómica se lanzó en 2018, tras varios años de espera y los buenos resultados de un proyecto piloto que se puso en marcha en 2013, bajo el gobierno del PP. Entonces se ofrecieron 382 plazas para todas las consejerías, de las que solo 87 se cubrieron. En 2019 las cifras mejoraron: 301 solicitudes recibidas para los 380 puestos convocados.
El último proceso, de abril de 2021, aumentó de forma considerable la oferta de plazas, que se elevó hasta las 942 (+147%), incluyendo por primera vez a los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) con puestos susceptibles de acogerse a esta modalidad. Se sumaron 532 trabajadores, la cifra más alta hasta la fecha, pero solo se cubrió el 56% de las plazas. La intención de la Junta es sacar una nueva convocatoria a final de año y será en el seno de la comisión técnica donde se determine la fecha y también las plazas que se ofertarán.
El teletrabajo es de carácter voluntario y reversible en cualquier momento, aunque la autorización se da en principio para un año completo, pudiendo optar a dos convocatorias consecutivas. Las embarazadas y víctimas de violencia de género pueden solicitarlo en cualquier momento, una opción que también se amplía en el nuevo decreto para personas con «situaciones concretas» de salud.
No pueden acogerse a esta modalidad quienes realicen tareas en oficinas de registro, atención e información al público, quienes tengan autorizada la compatibilidad con otro puesto de trabajo o actividad, los que realicen funciones de dirección y el personal eventual o de libre designación.
